El juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama ha rechazado el recurso del expresidente del Banco Popular Ángel Ron y ha confirmado que debe ser juzgado por delitos de estafa a inversores y falsedad contable en la ampliación de capital de 2016, ha informado el organismo a través de un comunicado.
El magistrado ha tomado esta decisión al considerar que "los estados financieros de ese año y de 2015 no reflejaban la imagen fiel de la entidad al estar conscientemente manipulados o alterados". Según el juez, Ron impulsó la ampliación de capital y permitió que se aprobara con un "déficit de gobernanza notable".
En un auto, el magistrado desestima, con el visto bueno de la Fiscalía Anticorrupción, el recurso de reforma presentado por el exdirectivo contra el auto de pase a procedimiento abreviado, del pasado 4 de marzo, en el que finalizó la instrucción del llamado "caso Popular" y se concretó quienes debían sentarse en el banquillo.
En su recurso, Ron apelaba, entre otros argumentos, a la ausencia de indicios de actuación delictiva, por lo que debía acordarse el sobreseimiento al tiempo que apuntaba a la responsabilidad de los organismos reguladores como en Banco de España, el Banco Central Europeo, el FROB o la CNMV.
Para el instructor, tanto en el auto de pase a procedimiento abreviado como en este que desestima su recurso de reforma se expone el resultado de las inspecciones "in situ" realizadas por el organismo supervisor y también por los informes periciales de los inspectores del Banco de España, que contienen unos "hechos incriminatorios clarísimos".
Respecto a la alegación del exdirectivo de que solo participó en la ampliación de capital del año 2016, el juez asegura que "no es verdad", puesto que intervino en su diseño, determinando que la cantidad que se iba a pedir al mercado fuese de 2.506 millones de euros.
En este sentido, indica que Ron "permitió que se aprobara la ampliación de capital sin poner a disposición de los consejeros un estudio detallado que explicara de dónde venía la necesidad de ampliar capital por ese importe, y no por más o por menos".
"La intervención verbal de los letrados de Linklaters fue meramente jurídica y, por lo que consta en el acta, no muy exhaustiva, más bien lo contrario. Ese consejo fue una manifestación clara de déficit de gobernanza y, a nuestro juicio, adoleció de información y de debate", añade.
