Perito ve "imposible" que Griñán conociera todas las partidas presupuestarias, incluida la de los ERE

El profesor Juan Zornoza, perito propuesto junto a Miguel Ángel Martínez Lagos por la defensa del ex director general de Presupuestos Antonio Lozano y del expresidente de la Junta de Andalucía José Antonio Griñán, ha señalado este martes en una nueva sesión del juicio en la pieza política del caso de los expedientes de regulación de empleo (ERE) fraudulentos que era "imposible" que Griñán, como titular de Hacienda, conociera todos los programas presupuestarios, incluido el 31L con el que la Dirección General de Trabajo concedía las ayudas sociolaborales a empresas en crisis.

"Pretender que el consejero de Hacienda conozca un programa presupuestario, en este caso el 31L, que suponía un 0,32 por ciento del presupuesto global de la Junta es un imposible, tendría que tener cabeza que no cabría en la sala", ha manifestado Zornoza en referencia a la sala de la Audiencia Provincial de Sevilla donde se celebra el juicio contra 22 ex altos cargos de la Junta por el procedimiento específico por el que se concedían las ayudas sociolaborales y a empresa en crisis en los ERE entre 2001 y 2010.

Gran parte de la sesión de mañana de este martes ha girado en torno al conocimiento del Parlamento andaluz y sus miembros del programa 31L y del destino de sus fondos para pagar las ayudas concedidas por la Dirección General de Trabajo y cuyo pago materializaba el Instituto de Fomento de Andalucía (IFA), posterior Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía (IDEA), tras recibir los fondos mediante transferencias de financiación, en virtud al convenio marco de 2001.

Para Zornoza, es "inverosímil y difícil de concebir" que existan durante el periodo investigado 170 enmiendas parlamentarias al programa 31L por parte de 170 diputados autonómicos y decir que el Parlamento "desconocía el destino del programa".

En base a esa respuesta, los abogados de la acusación particular del PP-A han preguntado a Zornoza si "también es inverosímil" que algunos de los acusados hayan declarado en el juicio que no conocían el programa 31L, como la exconsejera de Hacienda Magdalena Álvarez, el exconsejero de Presidencia Gaspar Zarrías, el expresidente Manuel Chaves, el exviceconsejero de Innovación y miembro del Consejo Rector de IDEA Jesús María Rodríguez Román o el caso de José Antonio Griñán, todos ellos a su vez parlamentarios.

Zornoza ha repetido sus respuestas en todos los casos, afirmando que no tiene por qué dudar de la "credibilidad" de los acusados, que en estos además de parlamentarios eran altos cargos del poder ejecutivo andaluz y, por tanto, tienen "un conocimiento inferior" del Parlamento con respecto a aquellos que trabajan a diario en la Cámara.

"El Parlamento conocía el destino de los fondos del 31L, pero como órgano colegiado e integrado por muchas personas y que no lo conozca uno no dice que no lo conozcan otros. No dudo de Chaves y cuanto más eleve los cargos en el poder más desconocimiento tendrán de un programa concreto", ha añadido.

Estas preguntas por parte de los abogados del PP-A ha provocado las protestas de algunos de los abogados de las defensas, como los de Magdalena Álvarez y Jesús María Rodríguez Román, pues las consideraban "impropias" de una prueba pericial, aunque el tribunal las ha considerado pertinente porque el perito se había pronunciado sobre el conocimiento de los parlamentarios.

El debate se ha iniciado al exhibirse por parte de la acusación particular diferentes documentos de la comisión de investigación en el Parlamento sobre el caso ERE. En este sentido, Zornoza ha insistido en que el Parlamento conocía el destino del 31L, por la documentación que acompaña a las leyes de Presupuestos o por las comparecencias del consejero de Empleo en comisión para explicar sus programas presupuestarios.

Sobre las declaraciones de Magdalena Álvarez en el juicio sobre su desconocimiento del 31L y su gestión, así como todas las ayudas tenían que tener fiscalización previa, Juan Ramallo, perito propuesto por la defensa de la exconsejera, ha expresado que "no duda de la certeza de sus declaraciones", porque la titular de Hacienda "no tiene competencias en la ejecución" de los programas.

PERITO DE DEFENSA: "ES EVIDENTE QUE HUBO UN FALLO EN LA FISCALIZACIÓN"

Además, ha manifestado que es "evidente que hubo un fallo en la fiscalización previa en la concesión de las subvenciones" de los ERE y que de ahí "arrastran muchas consecuencias posteriores", porque "no sabemos por qué se dio a unos y no a otros, la situación de los beneficiarios y porque a unos más dinero que a otros", por ejemplo.

"La falta de fiscalización previa es uno de los pies fundamentales de todo este proceso", ha admitido.

En este debate y como ya se ha pronunciado en diferentes ocasiones durante la prueba pericial, Ángel Turrión, jefe del equipo de peritos de auxilio judicial propuesto por la Intervención General del Estado (IGAE), ha indicado el Parlamento "fue inducido a error" en la fase presupuestaria, "no en ejecución", por la "incorrecta 'presupuestación' del anteproyecto y proyecto de Ley, precisamente por el uso de las transferencias de financiación y por la consignación de gastos ficticios en el presupuesto de IFA/IDEA".

Para Turrión, los parlamentarios "podían pensar que las subvenciones eran concedidas y pagadas por IFA/IDEA".

Tras esta intervención, Ramallo ha lamentado que "se vuelva al punto de origen" y, haciendo uso de una frase de 'Alicia a través del espejo': "Lo he dicho tres veces y lo que diga tres veces es verdad", ha expresado que "ni tres ni 30". "Como se repiten los mantras de la IGAE, no nos queda más remedio que salir al paso. En el ejercicio de la 'presupuestación', Hacienda no tiene intervención", ha insistido.

"LA IDEA DE UN SISTEMA PARA CONFUNDIR AL PARLAMENTO NO TIENE FUNDAMENTO"

"La idea de que se ha inventado un sistema para confundir al Parlamento no tiene ningún fundamento, sólo la repetición de esa afirmación" --por parte de la IGAE--, ha dicho Ramallo dirigiéndose al tribunal. Además, como dijera "el primer día", "niega rotundamente que el Parlamento estuviera sometido a decisiones del Ejecutivo, porque nos cargaríamos todo el sistema".

Turrión, que ha negado que sus afirmaciones sean mantras porque están basadas en leyes y disposiciones normativas, ha explicado que a través del uso de las transferencias de financiación a partir del presupuesto para el año 2002, y antes a través de modificaciones presupuestarias, "se ha montado un nuevo sistema", pues "no era habitual que a través de las modificaciones presupuestarias se dieran de baja unos fondos en los conceptos adecuados legalmente, para darlos de alta en un concepto inadecuado, como eran las transferencias".

Los peritos, de otro lado, han debatido sobre la delegación de competencias del director general de Trabajo para conceder las ayudas, algo que "no existe como tal hasta 2010", según la IGAE, o las competencias en materia subvencional de IFA/IDEA.

En este contexto, el tribunal, presidido por el magistrado Juan Antonio Calle Peña, ha llamado la atención al perito Juan Antonio Carrillo, propuesto por la defensa de la exconsejera y exviceconsejera de Hacienda Carmen Martínez Aguayo, después de que éste pidiera "amparo" a la Sala ante lo que ha considerado "una pregunta capciosa" por parte del abogado del PP-A, Luis García Navarro, cuya intervención ha sido interrumpida en varias ocasiones por los abogados de las defensas por las preguntas realizadas.

"Me corresponde exclusivamente a mí decir si es capciosa o no, que sea la última vez que hace esa insinuación", ha intervenido el magistrado-presidente.