CÓRDOBA, 21 (EUROPA PRESS)
El abogado de la joven que denunció los abusos sexuales por parte de cuatro miembros del grupo de WhatsApp de 'La Manada' en la localidad cordobesa de Pozoblanco ha dicho que "sorprende" la última declaración del procesado J.A.P. al decir que él fue quien hizo y distribuyó el vídeo de los hechos "sin conocimiento" de los demás, cuando "en la grabación, todos --los cuatro-- colaboran", según ha mantenido la abogada de la acusación popular.
En declaraciones a los periodistas, el letrado de la acusación particular, Blas Arévalo, ha comentado que le ha "sorprendido que lo dijera en este momento", en el último turno de palabra porque "lo podía haber dicho también en su declaración", pero "está en su legítimo derecho", ha agregado.
Preguntado por si pedirá que se deduzca testimonio sobre la declaración de una de las testigos, que supuestamente cuestionó a la joven víctima sobre por qué iba a denunciar al exagente de la Guardia Civil, todo ello antes de conocerse el vídeo, ha señalado que "todo esto está dando muchas vueltas y meterse en esos hechos puntuales y concretos que no van a llevar a ningún sitio no es oportuno".
Mientras, ha subrayado que confía en que el juez "siga para adelante" con los vídeos como prueba, dado que "hay jurisidicción en todos los sentidos, que es interpretable", pero está "unido a la legitimación inicial de que ellos dieron su consentimiento" para investigar en los mismos, ha mantenido.
Por su parte, la abogada de la acusación popular, que representa a la Asociación Clara Campoamor con Patricia Catalina, ha señalado al ser preguntada por el hecho de reconocer el vídeo con la intención de quedar absueltos por el delito contra la intimidad que "la realidad es que todos están en una actitud colaboradora", de manera que es "una estrategia de defensa" que uno de ellos en el derecho a la última palabra "intente absolver al resto".
No obstante, ha asegurado que "han atentado contra su intimidad, eso ha estado en dos chat y el delito está ahí", a lo que ha añadido que "en la grabación todos colaboran" y entiende que "todos han cometido un delito contra la intimidad de la víctima".
Cuestionada por el delito de agresión sexual, ha dicho que "se ha elevado la petición de condena a la vista de toda la prueba que se ha practicado en el plenario", de modo que considera que "ha habido una agresión sexual atendiendo a la valoración de la prueba de la víctima".
Además, ha apuntado que la joven se marcha con los acusados desde la feria de Torrecampo por "la confianza" que le transmitía el exagente de la Guardia Civil, a quien conoció esa noche.
Y sobre el hecho de que el fiscal rebaje su petición de penas, ha aclarado que "en ningún caso" ha regañado al fiscal, expresando a tal efecto "el máximo respeto" al Ministerio Público, aunque ha defendido "la importancia de tener una acusación particular y popular para velar siempre por las garantías y los derechos de los perjudicados".
LAS PENAS
Cabe señalar que la acusación particular ha elevado a definitivas sus conclusiones sin modificar, de manera que solicita dos años y seis meses de cárcel, órdenes de alejamiento por cinco años y un año de libertad vigilada por la supuesta comisión de delito continuado de abusos sexuales; así como cuatro años y tres meses de cárcel por delito contra la intimidad. También, reclama indemnización de 3.600 euros por las lesiones sufridas y 80.000 euros por el daño moral ocasionado.
La acusación popular, que solicitaba las mismas penas que la otra acusación, ha incrementado la pena para uno de los procesados, A.J.C., hasta los cinco años de cárcel por la supuesta comisión de un delito de agresión sexual, en vez de los dos años y seis meses que pedía por abusos sexuales.
De otro lado, la Fiscalía ha rebajado de siete a seis años su solicitud de pena de cárcel, de modo que pide para los cuatro acusados penas de dos años de prisión por los tres que inicialmente pedía por la supuesta comisión de un delito de abusos sexuales hacia la joven, cuatro años más por otro delito contra la intimidad por la difusión del vídeo y para uno de ellos, el último conductor, una multa de 720 euros por supuestamente causar lesiones leves.
El Ministerio Público también pide para la víctima como responsabilidad civil una indemnización conjunta y solidaria que deberán pagar los acusados de 4.500 euros por su curación y 6.000 más por los daños morales causados.
Y la defensa ha pedido la absolución y como pena alternativa, en caso de no considerarse la anulación del vídeo, que J.A.P. cumpla dos años de cárcel, "con las accesorias previstas en la ley", por un delito de maltrato de obra en concurso con un delito contra la intimidad; una multa de 180 euros para J.E. por un delito de maltrato de obra, y para los otros dos, A.M.G. y A.J.C., penas de seis meses de prisión por delitos contra la integridad moral.
EL VÍDEO
De los cuatro procesados, J.A.P. ha dicho al final que grabó el vídeo y lo distribuyó "sin conocimiento" de los otros, quienes no han intervenido en el último turno de palabra, todo ello tras acogerse a su derecho a no declarar ante el juez el primer día de juicio y mantener que son "inocentes".
Frente a ello, la joven que denunció se ha mostrado "clara, concisa y coherente" en su declaración, en la que ratificó "lo fundamental" de la denuncia interpuesta tras conocer la existencia del vídeo por la Policía Foral.
Así lo confirmaron desde la acusación particular, al tiempo que aseveraron que la joven fue "contundente", aunque admitió que en un primer momento no recordó lo ocurrido en el coche, pero posteriormente fue consciente de los hechos, respaldados por la grabación.
Durante su declaración, decenas de mujeres se concentraron en señal de apoyo en las puertas de la Ciudad de la Justicia, convocadas por la Plataforma Contra la Violencia a las Mujeres.
Mientras tanto, el juez ha acordado demorar hasta la sentencia su decisión sobre la nulidad o no del vídeo que grabaron los acusados sobre los hechos, ocurridos en la noche del 1 de mayo de 2016 y se hicieron públicos en septiembre de 2016 en la investigación de la causa de Pamplona, por la que se encuentran en prisión junto a un quinto condenado más por la violación grupal a una joven.
El togado ha remarcado en el juicio que "no es la única prueba existente en el procedimiento" y ha aludido al "consentimiento" prestado por los acusados ante el juez instructor de Pamplona, donde hallaron las grabaciones tras entregar sus teléfonos y la Policía Foral inició investigación de esta causa, que ahora ha quedado vista para sentencia.