La jueza Pilar de Lara declarará el 21 ante el CGPJ y defenderá que no hubo "abandono injustificado" de sus causas

Así, el expediente disciplinario se abrió por la supuesta comisión de una falta prevista en los artículos 417.9, 418.11 y 419.3 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, que se refiere a "desatención o retrasos injustificados en la instrucción de causas penales".

Del mismo modo, también considera que se ha podido cometer una falta prevista en el artículo 418.16 de la misma norma, que se refiere a "adoptar decisiones que, con manifiesto abuso procesal, generen ficticios incrementos del volumen de trabajo en relación con los sistemas de medición fijados por el CGPJ".

La incoación del expediente se basa en las actas levantadas por el Servicio de Inspección en relación con la situación del juzgado, entre ellas la resultante de la inspección extraordinaria realizada entre los pasados 21 y 31 de mayo.

En declaraciones a Europa Press, el abogado de Pilar de Lara, Agustín Azparren, ha querido matizar que toda instrucción que se abre por supuestos retrasos incluye la calificación desde la más leve hasta la muy grave y ha recordado que hasta que se cierra la instrucción no se realiza una calificación de las eventuales faltas en las que pudiese incurrir.

"Cualquiera que la conozca sabe cuál es su dedicación, incluso excesiva" a las causa judiciales, ha explicado el abogado, quien ha indicado que, en este sentido, explicarán que cualquier posible retraso que pueda haber se debería a cuestiones procesales --como recursos de las partes-- o incluso por la demora en la resolución de inhibiciones ante la Audiencia Nacional.

TIENE VARIAS MACROCAUSAS

El abogado de Pilar de Lara ha incidido en que la jueza tiene "varias macrocausas", algo que se da en muy pocos juzgados, y con muchas piezas separadas, por lo que puede ser "normal que haya retrasos, ya que no solo depende de la instrucción de la jueza, sino de otras circunstancias".

Además, ha incidido en que es habitual que en este tipo de causas se instruyan expedientes, pero ha recordado que en sus ocho años como miembro de la comisión disciplinaria, todos ellos acabaron archivados, incluido el que se abrió por el atentado del 11-M. "En la mayoría de los casos se archivan porque son (retrasos) justificados o que no dependen de la conducta del juez", ha apostillado.

EN FASE DE INSTRUCCIÓN

Actualmente, el expediente está en fase de instrucción y se le tomará declaración a Pilar de Lara, momento en el que también se pueden acordar pruebas documentales o testificales. Si hubiese base para seguir adelante, el promotor tendría que redactar un pliego de cargos y la defensa expresaría sus alegaciones, que pasarían a la comisión disciplinaria para la resolución del expediente.

El abogado de Pilar de Lara ha sostenido que "normalmente, todos aquellos jueces que tienen causas de corrupción, han pasado prácticamente todos por la comisión disciplinaria". "Siempre se busca cualquier motivo para apartar al juez", ha observado Agustín Azparren, quien ha insistido en que "en caso de haber retraso, no sería injustificado y reiterado".

Lo más llamativo de este caso, dijo, es que la inspección judicial estuvo durante "dos semanas" en el juzgado de Lugo y "se les tomó declaración a varios abogados en las causas y se les invitó a que presentaran denuncia". Afirmó que las inspecciones ordinarias entran en la norma, pero "lo que no es tan normal en este caso es que hubiesen dos equipos y 15 días".

DISTINTAS GRANDES OPERACIONES

Concretamente, la jueza es la instructora responsable de algunas de las macrocausas más relevantes que se han investigado en los últimos años en Galicia, como la 'Operación Pokémon', que comenzó a investigarse en 2012, o de la 'Operación Carioca', iniciada en 2008.

Asimismo, lleva, entre otros asuntos, una pieza separada de la 'Operación Campeón'. Precisamente a raíz de este caso, el letrado Xoán Antón Pérez Lema presentó a mediados de este año una denuncia ante el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) por "dilaciones indebidas" en relación a un recurso de apelación presentado en octubre de 2017 para pedir el sobreseimiento en lo relativo a su cliente.