El empresario se querelló en septiembre contra García Castellón por grabar conversaciones abogado-cliente
MADRID, 29 (EUROPA PRESS)
La Fiscalía del Tribunal Supremo ha emitido un informe contrario a la admisión de la querella que la defensa del empresario Juan Miguel Villar Mir presentó a finales del pasado mes de septiembre contra el juez de la Audiencia Nacional Manuel García Castellón, que instruye las actuaciones en relación a la trama 'Lezo', por grabar conversaciones entre los abogados y su cliente e incorporar el contenido de las mismas al sumario.
En concreto, los letrados, que recabaron en julio el respaldo del Ilustre Colegio de Abogados de Madrid (ICAM) por este asunto, acusan al magistrado de haber cometido delitos prevaricación judicial, interceptación ilegal de las comunicaciones, retardo malicioso de la Administración de Justicia y falsedad e infidelidad en la custodia de documentos.
El fiscal, sin embargo, no ve material suficiente para abrir una investigación penal al respecto, han señalado a Europa Press fuentes de la acusación pública.
Según la querella la cuestión radica en las diligencias ordenadas por el magistrado en la pieza número 3 del sumario del caso Lezo. García Castellón, a propuesta de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil, autorizó la intervención de una serie de líneas telefónicas entre las que estaban las de los abogados y sus clientes en busca de alguna autoincriminación involuntaria.
Para los querellantes, era una "certeza casi absoluta" que con las escuchas se acabarían recogiendo conversaciones entre abogado y cliente y mucho menos probable que apareciera esa autoincriminación, ya que los delitos que se estaban investigando se habrían producido una década antes y pese a ello, el Magistrado no adoptó ninguna cautela. Dicen que sabía, además, que uno de ellos era abogado en la causa y aún así, mantuvo las escuchas y las extendió a otros investigados.
LA UCO AVISÓ DE QUE HABÍA ABOGADOS Y CLIENTES
La querella se detiene en este punto, pues conforme recoge, el día 9 de enero de 2018 la UCO le advirtió expresamente de que había escuchado, grabado y analizado las conversaciones entre una persona investigada y su abogado y el Magistrado no ordenó el inmediato cese de la actuación y la eliminación de la información obtenida, sino que recibió en el juzgado un oficio aparte con las transcripciones.
De estas transcripciones salió, según los querellantes, el problema con el certificado médico que Villar Mir presentó para aducir problemas de salud y evitar comparecer en la Audiencia Nacional cuando estaba previsto. El facultativo acabó siendo llamado a declarar en los Juzgados de Plaza de Castilla, donde ahora se investiga si incurrió en una falsedad.
La querella insiste en que García Castellón no dictó ninguna resolución que "específicamente habilitara a la UCO para grabar las conversaciones entre el señor Villar Mir y su abogado en relación a la entrega del certificado médico" y alega además, que si el magistrado hubiera sospechado en su momento que había alguna irregularidad en la conducta del médico, habría mandado a un forense para reconocer al imputado en lugar de aceptar que se pospusiera la comparecencia.