La Fiscalía del Tribunal Supremo ha confirmado que no se va a querellar contra Juan Carlos I y archivará las tres diligencias abiertas por el ministerio público contra él ya que defienden que no han encontrado indicios suficientes de delito.
Las pesquisas realizadas por el fallecido Juan Ignacio Campos, fiscal del Tribunal Supremo, y Alejandro Luzón, jefe de la Fiscalía Anticorrupción, confirmaron que el rey emérito se lucró de fondos ajenos a sus retribuciones institucionales, aunque esta conducta se realizó antes de junio de 2014, cuando estaba cubierto por el privilegio de la inviolabilidad. Este es el principal motivo esgrimido por el ministerio público para cerrar las investigaciones y por el que argumenta que no puede ser perseguido penalmente.
Las investigaciones comenzaron para indagar sobre el cobro de comisiones ilegales por la supuesta intermediación de Juan Carlos I en el contrato de las obras del AVE a La Meca, que fue otorgado a un consorcio de empresas españolas.
Más tarde, la Fiscalía abrió dos líneas de investigación más: el uso de los fondos del empresario mexicano Allen Sanginés-Krause, que reconoció haber regalado un millón de euros al anterior jefe del Estado que no fue declarado ante Hacienda; y el 'trust' financiero domiciliado en el paraíso fiscal de las islas del Canal y abierto en 2004 por Joaquín Romero Maura, historiador y consejero suyo.
Una vez finalizadas estas pesquisas, al rey emérito le queda pendiente el procedimiento civil abierto en Reino Unido después de que Corinna Larssen le demandara por supuesto acoso sufrido en 2012 por parte de agentes del CNI.
