No entra a valorar la última documentación aportada por las defensas
MADRID, 5 (EUROPA PRESS)
La Fiscalía del Tribunal Supremo se ha reafirmado en su negativa a que se abra causa criminal contra el juez de la Audiencia Nacional que instruye el denominado 'caso Lezo', Manuel García Castellón, a raíz de la querella presentada por uno de los imputados en este asunto, Juan Miguel Villar Mir, han informado a Europa Press fuentes del Ministerio Público.
El empresario acusa al magistrado de grabar conversaciones que mantuvo con sus abogados e incorporar el contenido de las mismas al sumario que se instruye contra él.
Se trata del segundo escrito que redacta el Ministerio Público sobre este asunto, para el que ya pidió la inadmisión a finales del pasado mes de noviembre. La Sala de lo Penal volvió a recabar su opinión el pasado día 24, tras recibir dos informes aportados por la defensa sobre el contenido de la pieza secreta de las citadas intervenciones telefónicas.
ES EL JUEZ DE VILLAREJO
No obstante, el fiscal no entra a valorar estos documentos e insta de nuevo la inadmisión del asunto, ya que no ve razones para investigar al titular del Juzgado Central de Instrucción número 6, que además de Lezo instruye otros asunto de gran interés mediático, como Púnica o el denominado caso Tándem sobre las actividades del comisario jubilado José Manuel Villarejo.
En su nuevo informe, la Fiscalía no encuentra motivos para investigar penalmente al juez, a quien la defensa de Villar Mir acusa de delitos de prevaricación judicial, interceptación ilegal de las comunicaciones, retardo malicioso de la Administración de Justicia y falsedad e infidelidad en la custodia de documentos.
El letrado de la administración de justicIa del Juzgado Central de Instrucción número 6, del que García Castellón es titular, remitió a principios del pasado mes de enero al Supremo el contenido de dicha pieza secreta, que incluye la transcripción de conversaciones entre abogados personados en la causa y también del empresario Juan Miguel Villar Mir con sus letrados.
Las escuchas transcritas por la UCO de la Guardia Civil se refieren a conversaciones grabadas durante tres meses, entre enero y marzo de 2108.
La remisión de estos oficios, a los que ha tuvo acceso Europa Press, fueron solicitados expresamente al Juzgado Central de Instrucción número 6 por la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo, que tiene pendiente desde el pasado septiembre resolver si admite o no a trámite la querella que la defensa de Villar Mir presentó contra el magistrado por no parar las grabaciones pese a afectar al derecho de defensa.
ADVERTIDO POR LA UCO
En los tres oficios, y al inicio de cada una de las tranSscripciones --que afectan a Villar Mir, su abogado y otros tres letrados personados en la causa-- los agentes de la Guardia Civil advierten expresamente que "pueden afectar al ejercicio legítimo del derecho de defensa".
En el primero de estos documentos se transcriben conversaciones mantenidas por Villar Mir y su letrado a comienzos del pasado año, mientras que en las incluidas en los otros dos documentos la UCO también ofrece el resultado de escuchas realizada a otras personas relacionadas con operaciones de OHL investigadas en Lezo.
Los letrados hablan de coordinarse para ejercer la defensa en este caso y de cual va a ser su estrategia en las declaraciones ante el instructor del asunto en la Audiencia Nacional. En otras conversaciones, que acabaron en manos del juez del caso, los letrados comentan también cómo fue la declaración que Villar Mir prestó a la Audiencia Nacional.
La querella contra García Castellón se detiene en el día 9 de enero de 2018, cuando la la UCO advirtió expresamente al magistrado de que había escuchado, grabado y analizado las conversaciones entre una persona investigada y su abogado y el Magistrado no ordenó el inmediato cese de la actuación y la eliminación de la información obtenida, sino que recibió en el juzgado un oficio aparte con las transcripciones.
PIEZA POR FALSEDAD DEL CERTIFICADO MÉDICO
Las escuchas realizadas dicha jornada, según manifiestan los propios oficios ahora en poder del Supremo, derivaron en el problema con el certificado médico que Villar Mir presentó para aducir problemas de salud y evitar comparecer en la Audiencia Nacional cuando estaba previsto. El facultativo acabó siendo llamado a declarar en los Juzgados de Plaza de Castilla, donde ahora se investiga si incurrió en una falsedad.
La querella insiste en que García Castellón no dictó ninguna resolución que "específicamente habilitara a la UCO para grabar las conversaciones entre el señor Villar Mir y su abogado en relación a la entrega del certificado médico" y alega además, que si el magistrado hubiera sospechado en su momento que había alguna irregularidad en la conducta del médico, habría mandado a un forense para reconocer al imputado en lugar de aceptar que se pospusiera la comparecencia.