MADRID, 27 (EUROPA PRESS)
El titular del Juzgado Central de Instrucción número 6 de la Audiencia Nacional, Manuel García Castellón, ha ofrecido este lunes a la defensa del empresario Josep María Matamala la posibilidad de que preste declaración voluntariamente, dado que está investigado por un presunto delito de encubrimiento al haber estado acompañando al expresidente de Cataluña Carles Puigdemont entre Finlandia y Bélgica cuando fue detenido en Alemania, y habida cuenta de que su recién estrenada condición de senador le convierte en aforado y por tanto, sólo responde ante el Tribunal Supremo.
Este movimiento se produce después de que la Fiscalía de la Audiencia Nacional, tras los resultados de las elecciones generales del pasado 28 de abril que dieron un escaño a Matamala en la Cámara Baja por la lista de Junts per Catalunya, instara al juzgado a requerir al Senado la acreditación de su nueva condición de senador, tal y como avanzó Europa Press.
En un auto y una providencia dictados este lunes, García Castellón explica que el propio Matamala se ha personado en el procedimiento y ha puesto en conocimiento del instructor su situación de parlamentario presentando copia de la certificación de la Junta Electoral Provincial de Girona.
Así las cosas, el juez le ha dado traslado de las actuaciones que se siguen por delito de encubrimiento de un delito de rebelión a fin de que pueda ejercer su defensa en la forma que considere oportuna, recordándole que entre sus derechos se encuentra la posibilidad de prestar voluntariamente declaración en este procedimiento.
Recuerda la prerrogativas que tiene Matamala por su condición de senador para la XIII Legislatura, una cualidad por la que goza de inviolabilidad, inmunidad y aforamiento especial ante la Sala Segunda del Tribunal Supremo. Explica que de acuerdo con la doctrina del Alto tribunal se impone al juez instructor el deber de investigar todo lo relativo al hecho delictivo imputado, en especial lo concerniente a la individualización de las personas responsables de los delitos que pudieran haberse cometido.* El magistrado entiende en todo caso, que debe agotarse la instrucción de la causa, "a fin de permitirse una más fundada decisión, no ya sobre la racionalidad de los indicios de existencia de la infracción penal, sino de los que pueda haber de participación en ella de la persona aforada".
"Para ello deben depurarse en el juzgado de instrucción de origen cuantas diligencias sea precisas para completar la investigación de los hechos y así constatar suficientemente los hechos que son la base de las presuntas infracciones penales, al efecto no solo de acreditar los mismos, sino también el grado de participación que en ellos hubiera podido tener la persona aforada", dice el instructor.
EL FOCO EN LOS MOSSOS
Se da la circunstancia de que el empresario, residente en Bélgica, está imputado desde el inicio de la causa por un presunto delito de encubrimiento pero nunca fue notificado formalmente de tal condición y no llegó, por tanto, a prestar declaración en la Audiencia Nacional. Ha regresado a España y recogió su acta de senador hace dos semanas, pero ni se le ha citado ni se ha librado orden de detención o requerimiento alguno contra él hasta la fecha.
Matamala, amigo del expresidente, viajaba junto a él, el historiador Josep Lluís Alay y dos Mossos d'Esquadra desplazados ex profeso desde Barcelona en el coche que trasladaba a Puigdemont desde Finlandia a su 'refugio' en Waterloo después de que el instructor de la causa por el proceso soberanista en el Tribunal Supremo, Pablo Llarena, reactivase la orden europea de detención contra él.
Todos fueron interceptados a su paso por Alemania y la Audiencia Nacional abrió diligencias contra ellos por un presunto delito de encubrimiento de otro delito, el de rebelión que se imputa al dirigente independentista. El instructor de la causa, Diego de Egea, decidió archivar el asunto al entender que ninguno de los ocupantes del vehículo era consciente de que se había reactivado la orden europea de detención.
Sin embargo, la Sala de lo Penal atendió al recurso de la Fiscalía, que, basándose entre otros indicios, en que los propios Mossos declararon que iban a acompañar a Puigdemont ante la existencia de la euro orden para que se pusiera a disposición de la fiscalía belga, ordenó reabrir las actuaciones.
Ahora, los investigadores se centran en el papel que jugaron los dos Mossos d'Esquadra desplazados ex profeso desde Barcelona para acompañar a Puigdemont en aquel trayecto por su condición de funcionarios públicos, mientras que el papel de Matamala, como el de Alay, quedaría en un segundo plano, dado que ya estaban con él en Finlandia y previamente en Bélgica, es decir, eran su compañía en todo aquel viaje, de acuerdo las mismas fuentes jurídicas consultadas por Europa Press.