Las penas rebajadas se acuerdan respecto a los procesados que confesaron su participación en la trama
MADRID, 29 (EUROPA PRESS)
El fiscal del 'caso Guateque', César Estirado, ha rebajado en la fase de informes del juicio las penas solicitadas a cuatro de los acusados y ha mantenido su petición de condena respecto a veintiséis, entre ellos los catorce años de cárcel que pedía inicialmente para el exjefe de División municipal de Impacto y Análisis Ambiental de Medio Ambiente, Victoriano Ceballos, y los once años de prisión para su superior, Joaquín Fernández Castro.
Así lo ha anunciado en la sesión de este miércoles en la que ha adelantado sus modificaciones respecto a su escrito inicial de calificaciones jurídicas de los los treinta acusados.
Asimismo, ha informado de que no contempla en el caso la atenuante de dilaciones indebida, en contra de la postura de los abogados defensores. El próximo 6 de abril, el fiscal expondrá detalladamente sus cambios en las acusaciones iniciales.
Los hechos se remontan al 14 de noviembre de 2007 cuando se produjo la detención de 16 personas por orden del Juzgado de Instrucción número 32 de Madrid. La intervención judicial en la Gerencia de Urbanismo y la Concejalía de Medio Ambiente descubrió una presunta red de cobro de comisiones ilegales en el seno del Ayuntamiento.
Fuentes jurídicas han explicado a Europa Press que el Ayuntamiento de Madrid y el PSOE se ha adherido al informe fiscal. No obstante, los socialistas han retirado nueve de los once delitos que imputaban a Castro al considerar que no han quedado acreditados a lo largo de la prueba testifical y pericial.
Asimismo, los abogados defensores de los procesados respecto a los que se han mantenido condenas han reclamado la libre absolución de sus clientes al no haber quedado probados los hechos de las acusaciones, según las mismas fuentes. Además, han solicitado con carácter subsidiario que se aplique la atenuante de dilaciones indebidas.
Las rebajas de las penas se producen respecto a los acusados Sara López, exfuncionaria de la Junta de Distrito de San Blas y quien se enfrentaba a cuatro años y medio de cárcel; Juan A. Montesinos Rico, ex funcionario de la Junta de Chamberí y que afrontaba una pena inicial de dos años y seis meses; Julián Félix Serrano Sierra, empresario al que se pedían trece años y medio; y Salvador José del Campo García, empresario que se enfrentaba a 10 años de prisión.
Fuentes jurídicas han indicado que se bajan las penas tras alcanzar un acuerdo de conformidad ante el reconocimiento de los hechos de los que se les acusa.
Tras confesar en su declaración que cobró 2.500 euros por influir a favor de adelantar la licencia de un local, el fiscal ha rebajado la pena a Sara López a un año de cárcel y multa de 1.200 euros por cohecho y trafico de influencias. Le aplica ahora las atenuantes de confesión y reparación del daño.
A Montesinos le rebaja hasta dos años de cárcel por un delito de cohecho, mientras que a Felix Serrano a 12 meses por cohecho, falsedad y delitos contra el patrimonio, aplicándole también la atenuante muy cualificada por confesión. A José del Campo le reduce la petición de condena a 16 meses de prisión.
PENAS MANTENIDAS
En cuanto a las penas, el fiscal reclama 14 años de prisión para Victoriano Ceballos, quien estuvo al frente de la División municipal de Impacto y Análisis Ambiental de Medio Ambiente. Se le acusa de cuatro delitos de cohecho, seis de negociaciones prohibidas para los funcionarios y prevaricación ambiental.
A Joaquín Fernández de Castro se le imputa un delito de cohecho, nueve delitos de prevaricación ambiental, y uno de negociaciones prohibidas a los funcionarios. Se enfrenta a una petición fiscal de 11 años de prisión.
Además, pide penas de hasta 21 años de cárcel para los acusados Santiago Castillo y el funcionario municipal Carmelo García. El primero forma parte del grupo de empresarios que se beneficiaron de los favores de los funcionarios.