El exalcalde de Alcalá de Henares alega ante el juez de Púnica que dimitió antes de firmar el contrato con Cofely

González, que ahora ocupa un cargo de asesor en la Consejería de Administración Local y Vivienda del Gobierno de Isabel Díaz Ayuso, ha declarado en calidad de testigo que cuando le informaron de que era necesario cambiar las calderas de seis colegios dio el visto bueno, pero que a partir de ese momento no tuvo conocimiento de los detalles de la adjudicación.

De este modo, el exalcalde del PP se ha desmarcado del auto que emitió el juez el pasado 2 de septiembre en el que se relata que González habría recibido 60.00euros de la trama Púnica a través de la empresa Cofely, a la que se encargó el cambio de las calderas.

Según González, dejó el asunto de los colegios en manos de sus concejales, ya que asumió que no hacía falta ningún tipo de supervisión, han indicado las fuentes consultadas.

Además, González ha apuntado que dimitió de su cargo como alcalde de Alcalá de Henares antes de firmar el contrato definitivo con Cofely para llevar su aprobación definitiva a la Junta de Gobierno del Ayuntamiento.

El exregidor no es el único que ha declarado este jueves ante el juez García Castellón. Antes que él ha acudido el exteniente de alcalde de Torrejón de Velasco Raúl Huerta --también del PP--, en su caso como investigado, por los contratos también con Cofely, si bien se ha acogido a su derecho a no declarar.

El imputado que sí ha declarado es Yann Barlerin, exdirector financiero de GDF Suez Energie Services -compañía de la que es filial Cofely--, quien se ha limitado a ratificar lo que ya dijo cuando fue citado como testigo, asegurando que él sólo se ocupaba de que las cuentas cuadrasen y, por tanto, que desconocía a qué proyectos se destinaban los fondos.

También ha comparecido como testigo el que fuera director general de Promoción Cultural de la Comunidad de Madrid Amado Giménez Precioso, quien ejerció en los noventa como asesor de Esperanza Aguirre en el Ministerio de Educación y después en la Presidencia del Senado.

Según las fuentes jurídicas consultadas, se le ha preguntado por la contratación de Waiter Music, empresa que organizó actos de campaña del PP de Madrid. Él ha tratado de argumentar que la contratación de artistas no se lleva a cabo mediante concurso público, por lo que no lleva el mismo procedimiento que otras adjudicaciones. Sin embargo, la contratación de Waiter Music para eventos sí se hacía mediante concurso público.

CENTRO CULTURAL DE BUSTARVIEJO

Por último, ha declarado en la Audiencia Nacional, también como testigo, el arquitecto superior de la Comunidad Ignacio Ocaña Mateos, quien ha sido preguntado por un proyecto para la construcción de un centro cultural en Bustarviejo (Madrid) que incluía auditorio, biblioteca y aulas.

Este proyecto está bajo sospecha porque con el presupuesto que se había fijado para toda la obra entera sólo se construyó la primera fase, la correspondiente a la biblioteca y las aulas, por lo que la Fiscalía Anticorrupción sospecha de un desvío de fondos públicos.

Según las citadas fuentes, Ocaña ha ratificado ante el juez que cuando se le presentó el expediente para ampliar el presupuesto y llevar a cabo la obra del auditorio emitió un informe negativo porque dicha construcción superaba los limites de edificación de la parcela.