La Sección Cuarta de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional comienza a juzgar a partir de este lunes a la antigua cúpula de Pescanova por presuntamente maquillar las cuentas de la compañía, con la previsión de celebrar más de 30 sesiones y que el procedimiento quede visto para sentencia el 26 de marzo de 2020.
Así, se sentarán en el banquillo el expresidente de Pescanova, Manuel Fernández de Sousa, su hijo Pablo Javier Fernández Andrade y otras 17 personas acusadas de maquillar los estados financieros de la compañía entre los años 2009 y 2012 con el objetivo de ocultar las pérdidas millonarias que la acabaron abocando a un concurso de acreedores.
La Fiscalía pide para el expresidente de Pescanova 28 años de cárcel y multa superior a los 22 millones euros; 13 años y medio con multa de 504.000 euros para su hijo, y para el que fuera consejero delegado Alfonso Paz Andrade, 12 años y seis meses de cárcel y multa de más de 5 millones de euros por estos hechos.
Mientras, para la empresa matriz la acusación solicita una multa superior a los 348 millones de euros, mientras la auditora BDO afronta 45 millones de euros en concepto de responsabilidad civil y subsidiariamente respecto de su socio auditor Santiago Sañé Figueras, 161 millones de euros.
LA INVESTIGACIÓN COMENZÓ EN 2013
La investigación se inició en el año 2013 y ha corrido a cargo del titular del Juzgado Central de Instrucción número 5, José De La Mata, que cerró las pesquisas en junio de 2018 y propuso juzgar a 19 ex altos cargos de la pesquera y 12 sociedades por presuntos delitos de falseamiento de cuentas anuales, falseamiento de información económica y financiera, falsedad en documento mercantil, estafa, insolvencia punible, alzamiento de bienes, delito de uso de información privilegiada y de impedimento de la actuación del organismo supervisor.
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Según explica la Fiscalía en su escrito de acusación provisional, entre los años 2007 y 2012 el Grupo Pescanova desarrolló un intenso plan de inversiones por un importe bruto de 833.832.000 euros con el fin de expandir su negocio de acuicultura de langostino, salmón y rodaballo, principalmente localizado en Ecuador, Centroamérica, el Cono Sur, Galicia y Portugal, "cuyas expectativas no pueden materializarse rápidamente".
En un principio esas inversiones se financiaban en su mayor parte mediante créditos del propio Grupo a las sociedades correspondientes, pero posteriormente, especialmente a partir del año 2010, ante la insuficiencia de los flujos internos de caja se empezó a incrementar significativamente la financiación bancaria, que hizo que fuera aumentando el nivel de endeudamiento de Pescanova.
Por ello, señala el fiscal, el Grupo dirigido por Fernández de Sousa-Faro acudió a mecanismos alternativos de financiación con vencimiento a corto plazo, que generó tales gastos financieros que necesitaban ser financiados de nuevo mediante "un mecanismo piramidal insostenible", que hacían crecer las deudas.
SOCIEDADES "SIN PERSONAL, RECURSOS NI INSTALACIONES"
Así, para sortear esa situación y seguir obteniendo financiación externa los acusados, desde sus diferentes ámbitos de gestión, responsabilidad y decisión, "y siempre bajo el control último del presidente" decidieron conjuntamente ejecutar determinadas prácticas comerciales irregulares que agravaban la situación financiera y patrimonial de la empresa.
Entre otras cosas, los acusados utilizaron desde el año 2007 una red de sociedades instrumentales, "sin personal, recursos, ni instalaciones, radicadas en despachos profesionales o centros de negocios" con el objetivo de "registrar operaciones comerciales irreales con el Grupo Pescanova", señala el escrito.
El Ministerio Público destaca además que con el fin de que las consecuencias económicas derivadas de esas operaciones irregulares no aflorasen en la contabilidad de Pescanova, ni en sus cuentas anuales, ni en los informes y documentos que estaban obligados a presentar en la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), los acusados decidieron elaborar sus estados financieros "ocultando el importe real de su deuda bancaria y, por ende, su verdadera situación de insolvencia.
BENEFICIOS DE 15 MILLONES MIENTRAS PERDÍAN 223
Conforme explicaba De La Mata en el auto de apertura de juicio oral, las cuentas anuales de la pesquera en 2010 y 2011 no se correspondían con la realidad de la situación económica y financiera de la sociedad y su grupo.
En el año 2010 el grupo declaró un resultado de 15.448.000 euros cuando en realidad el importe real era de -222.910.000 euros
Por ejercicios, en el año 2010 el grupo declaró un resultado de 15.448.000 euros cuando en realidad el importe real era de -222.910.000 euros, mientras que un año después, se declararon unos beneficios superiores a los 16 millones de euros aunque las pérdidas rondaban los 300.000 euros.
En lo que respecta a la operativa de ampliación de capital de la 'vieja' Pescanova en 2012, la Fiscalía, al igual que hizo el magistrado, apunta que el Consejo de Administración de la pesquera aprobó la emisión de 9.290.464 nuevas acciones por cerca de 125 millones de euros ofreciendo una información en el folleto de emisión que "omitía el importe real de su deuda financiera, de manera que las mismas no reflejaban su situación de insolvencia".
Un año después, la multinacional suspendió la cotización el Bolsa, tras detectarse irregularidades en su contabilidad. Ese fue el punto de inicio de un largo proceso, que ha incluido un concurso de acreedores, y que ha desembocado en la refundación de la empresa, ahora en manos de la banca como Nueva Pescanova.