- La orden presidencial de cerrar fronteras a los refugiados y ciudadano de siete países de mayoría musulmana acumula demandas en los juzgados
- Trump también ha sustituido al jefe de la agencia de inmigración: el nuevo responsable será el hasta ahora jefe de deportaciones
El presidente de los EEUU, Donald Trump, ha despedido de forma fulminante a la fiscal general del Estado, Sally Yates, después de que esta pidiera hacer caso omiso del veto del nuevo inquilino de la Casa Blanca a los inmigrantes.
Yates había dado instrucciones a sus abogados para que se negaran a defender en los tribunales el decreto de Trump por el que se prohibe la entrada en EEUU de refugiados y de inmigrantes procedentes de siete países de mayoría musulmana. La respuesta de Trump ha llegado en cuestión de horas y la ha retirado inmediatamente de sus funciones porque “ha traicionado al departamento de justicia del país”, según ha declarado.
Yates había dado instrucciones a sus abogados para que se negaran a defender en los tribunales el decreto de Trump
Yates había sido nombrada por la administración Obama y ocupaba el cargo de manera interina, esperando su reemplazo, que debía llegar en los próximos días. Sin embargo, Trump ha acelerado su salida y su sustitución por el nuevo nominado: el senador republicano Jeff Sessions.
DUDAS SOBRE LA LEGALIDAD DEL VETO
El desafío de la fiscal al decreto presidencial obedecía a las dudas que plantea la legalidad del veto, ya que acumula demandas en los juzgados presentadas por inmigrantes, grupos de abogados pro derechos civiles y estados demócratas. La situación llega después de las multitudinarias protestas en los aeropuertos de este fin de semana.
Trump, sin embargo, sigue con su empeño de cerrar fronteras y expulsar a los inmigrantes y también ha sustituido al director de la agencia de inmigración. El nuevo designado para el cargo será el hasta ahora jefe del área de deportaciones de la agencia.
CAOS POR EL VETO
Este pasado fin de semana el decreto de mayor alcance del presidente Donald Trump desde que asumió el poder provocaba un caos en el sistema migratorio de Estados Unidos, no sólo por la situación de los refugiados sino también por los residentes legales rechazados en aeropuertos y que quedaron varados en el exterior.
Ante esta situación abogados en Nueva York presentaron demandas para bloquear el decreto de Trump, argumentando que muchas personas ya se habían visto impedidas para viajar, incluyendo muchos iraquíes que trabajan para el ejército estadounidense, algo que violaba las leyes.
De hecho, una jueza federal conseguía finalmente bloquear parte del polémico veto a la entrada de inmigrantes de siete países de mayoría musulmana. Concretamente, la jueza Ann M. Donnelly, del Tribunal del Distrito Federal de Brooklyn (Nueva York), dictaba que los refugiados u otras personas afectadas por la medida y que habían llegado a aeropuertos estadounidenses no podían ser deportados y podían entrar en el país con un visado válido. Eso sí, se trata de una medida temporal, que solo afecta a los ciudadanos que hasta ahora habían conseguido pisar territorio norteamericano.
Por eso fiscales generales de varios estados de Estados Unidos están debatiendo si presentan un medida judicial en contra de este decreto firmado por Donald Trump. "Creemos que el decreto es inconstitucional", dijo el fiscal general de Hawái, Douglas Chin a Reuters.
