El primer ministro japonés, Fumio Kishida, ha comunicado a la cúpula de su partido que tiene previsto realizar cambios en su gabinete que afectarán varios altos cargos vinculados con un escándalo de financiación irregular y cobros en negro, según han adelatando varios medios locales.
En concreto, Kishida tendría previsto relevar en las próximas horas al portavoz y número dos del Gobierno, Hirokazu Matsuno; al titular de Economía, Comercio e Industria, Yasutoshi Nishimura; al ministro del Interior, Junji Suzuki, y al de Agricultura, Ichiro Miyashita.
Asimismo, se ha propuesto cesar a 15 altos funcionarios de la administración que pertenecen a la facción del Partido Liberal Democrático (PLD) relacionada con dicho escándalo.
La crisis que atraviesa el Ejecutivo de Kishida se debe a supuestas irregularidades de financiación del PLD y a una serie de cobros en negro vinculados a las mismas por parte de importantes figuras de la formación al menos entre 2018 y 2022.
A este respecto, la mayor facción del Partido Liberal Democrático, habría acumulado fondos ilícitos por un valor de unos 500 millones de yenes (unos 3,4 millones de dólares) durante cinco años y hasta 2022, según fuentes conocedoras de la situación.
El primer ministro Kishida ha adelantado en rueda de prensa que llevará a cabo los cambios el jueves y ha dicho que su Gobierno tiene un "fuerte sentido de crisis" para abordar los problemas de financiación política.
El caso sigue bajo investigación por parte de la fiscalía, que sospecha que se infringió la ley de control de fondos políticos, aunque por el momento no se han presentado cargos formales.
Con todo, y a pesar de la prevista remodelación del gabinete nipón, los analistas consultados por 'Reuters' creen que es poco probable que estos cambios pongan fin a un escándalo que ha planteado serias dudas sobre el liderazgo de Kishida y ha sumido a su gobierno en el caos.
"En esta etapa, lo máximo que el señor Kishida puede esperar es detener la actual disminución de su apoyo personal", ha afirmado Corey Wallace, profesor asociado de ciencias políticas y relaciones internacionales en la Universidad de Kanagawa.
Del mismo modo, los expertos consideran que cualquier acusación que implique directamente a Kishida podría reducir aún más el apoyo a su administración, que se ha desplomado a un mínimo histórico de alrededor del 23% en las últimas encuestas, el más bajo desde que asumió el cargo en 2021. Una situación que podría dificultar su continuidad como líder del PLD y el país asiático.
La legislatura del actual primer ministro nipón expira en octubre de 2025, pero en 2024 deberá afrontar otras primarias internas cuyas perspectivas quedan aún más empañadas por este caso, según recoge 'Efe'.
De hecho, el principal partido de la oposición, el Partido Democrático Constitucional de Japón, ha presentado este miércoles una moción de censura contra el Gobierno de Kishida que ha sido rechazada por el voto mayoritario en la sesión plenaria de la Cámara Baja de la Dieta.
"Primer ministro, ¿no sabe que el PLD y sus facciones causaron un escándalo sin precedentes? ¿No es catastrófica la falta de su capacidad de control de crisis?", ha señalado Kenta Izumi, jefe de la oposición, en el Parlamento antes de la votación.
Durante la sesión extraordinaria de la Dieta, el parlamento japonés ha aprobado un presupuesto adicional para el año fiscal 2023 con el objetivo de financiar un paquete económico y varios proyectos de ley, entre ellos uno para hacer un seguimiento más estricto sobre el grupo religioso conocido como la Iglesia de la Unificación y garantizar que las víctimas reciban compensaciones.