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La diputada de la Asamblea Nacional de Francia y candidata a la Presidencia de la República, Marine Le Pen.Carlos Luján - Europa Press

Marine Le Pen, líder de la extrema derecha en Francia, ha sido declarada culpable este lunes por malversación de fondos del Parlamento Europeo, y condenada a una pena a cuatro años de cárcel -dos de ellos firmes pero sustituibles por un brazalete electrónico- y a cinco años de inhabilitación con efecto inmediato, por lo que no podrá presentarse a las presidenciales galas de 2027.

Con todo, Le Pen, que puede recurrir la sentencia, no está obligada a dejar su actual escaño como diputada de la Asamblea Nacional.

Esta decisión judicial llega en un momento clave para la política francesa que había puesto todas sus esperanzas en las elecciones de 2027 tras un meteórico ascenso de popularidad en los últimos años. En este sentido, algunos de sus aliados, como el primer ministro de Hungría, Viktor Orbán, o el vicepresidente del Consejo de Ministros de Italia, Matteo Salvini, ya han comenzado a hablar de complot.

De hecho, Jordan Bardella, presidente de Agrupación Nacional y considerado la mano derecha de Le Pen, ha publicado en la red social X que "hoy, no es solo Marine Le Pen la que está siendo condenada injustamente: es la democracia francesa la que está siendo ejecutada".

Es más, la líder de Reagrupamiento Nacional (RN) ha abandonado la sala del Tribunal Correccional de París enfadada, antes de que el juez terminara de leer el fallo y sin hacer declaraciones a los medios de comunicación.

Junto a ella, han sido condenados por el mismo delito 11 dirigentes de su partido, entre ellos ocho eurodiputados por un desvío de 3 millones de euros (2,9, según la sentencia) de fondos europeos originalmente destinados a pagar asesores en Bruselas, aunque en realidad, y según el fallo, no realizaban funciones asociadas al puesto de los eurodiputados, sino que trabajaban para el partido.

El tribunal ha considerado probado que existió un "sistema" para aprovechar los fondos europeos en beneficio del partido y no para funciones relacionadas con las tareas del Europarlamento, y que los asistentes incluso "pasaban de un eurodiputado a otro". Además, cree que los contratos a los asistentes fueron "ficticios". "Ha quedado probado que todas esas personas trabajaban en realidad para el partido y que su eurodiputado no le había confiado ninguna tarea".

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