- La investigación podría abrirse en dos o tres semanas.
El pasado martes se conocía la intención de la Asamblea Nacional venezonala de investigar la relación de Podemos con el estado de Venezuela. El diputado opositor Julio Montoya lo confirma: solicitará al Parlamento un derecho de palabra para pedir que se abra una investigación sobre una supuesta financiación ilegal de Podemos, a través de las contrataciones del Gobierno con el Centro de Estudios Políticos y Sociales (CEPS).
Montoya aseguró a la Agencia Efe que presentará "las facturas y pruebas que muestran la vinculación de la Fundación CEPS, que dirigían los que hoy son de Podemos" y que espera que con ellas se abra una investigación sobre el asunto en una comisión parlamentaria. El diputado estimó que su intervención sobre el tema podría realizarse en unas dos o tres semanas.
La Fundación CEPS, a la que ha pertenecido Pablo Iglesias y la mayoría de los integrantes destacados de Podemos era una fundación sin ánimo de lucro domiciliada en Valencia y se estima que cobró al menos cuatro millones de euros de los gobiernos chavistas entre los años 2002 y 2012, según publica ABC aunque fuentes de la oposición venezolana consultadas aseguran que "fue una cantidad mucho mayor".
La investigación sobre Podemos podría abrirse en tres semanas
Montoya además solicitó un derecho de palabra para pedir que se abra una investigación sobre supuestos delitos de legitimación de capitales de varios funcionarios venezolanos a través del Banco de Andorra y el Banco de Madrid.
El político afirmó que ha recopilado "más de 300 elementos de prueba" de ambos casos.
Este asunto ya fue presentado por Montoya hace un año ante el Parlamento, que entonces estaba controlado por el chavismo, y que decidió desestimar la discusión en el pleno.
FACTURAS Y EMAILS, PRINCIPALES PRUEBAS
Según el presidente de la comisión de Contraloría, el opositor Freddy Guevara, la propuesta de Montoya debe ser sometida a la consideración de la directiva, luego será presentada ante el pleno, y, si recibe el voto favorable de la mayoría absoluta, se podría abrir una investigación.
Para llevarla a cabo se utilizarán facturas e emails con los que la Comisión de Política Interior del Parlamento y la de la Controlatoría intentarán demostrar el delito contra la Hacienda Pública por no haber pagado impuestos en Venezuela y otro por malversación de fondos.
Montoya, que viajó a España hace casi un año para recopilar las pruebas de los casos, ha insistido durante los últimos meses en los vínculos ente el Gobierno venezolano y Podemos a través de supuestos pagos recibidos hasta 2014 por el CEPS.
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