- La deuda pública de Brasil representa actualmente el 77% de su PIB
Entre este domingo y el día 28 de octubre, Brasil decidirá su futuro gobierno. Todos los brasileños de entre 18 y 70 años están obligados por ley a acudir a las urnas, de las que saldrá el futuro Ejecutivo del país latinoamericano. Este deberá enfrentarse al reto de llevar a cabo grandes reformas estructurales para controlar la fuerte deuda pública, según Irina Topa-Serry, economista senior de mercados emergentes de AXA Investment Managers.
La deuda pública de Brasil, es decir, todas las deudas del Estado brasileño frente a otros países y particulares, se ha incrementado hasta el 77% del Producto Interior Bruto (PIB) en la actualidad. Hace cinco años, representaba el 51,5% del PIB, tal y como recuerda Topa-Serry en su informe Elecciones en Brasil: quienquiera que gane, reina la deuda.
Según estima esta analista, la deuda brasileña se elevará en el futuro "inevitablemente" pese a que "el gasto federal permanezca constante en términos reales", como lo exige la Constitución del país.
"Las simulaciones para estabilizar la trayectoria de la deuda para 2023 muestran la necesidad de un esfuerzo fiscal acumulativo de 4,5% del PIB (es decir, lograr un superávit primario de 2,5% del PIB para 2026)", explica la experta. Pero para lograr dicho ajuste, es necesaria "una fuerte voluntad y capacidad para impulsar reformas estructurales" por parte del próximo gobierno de Brasil.
"POLÍTICAMENTE DOLOROSO"
La clave será reducir el gasto público, lo que será "políticamente doloroso" para el próximo Ejecutivo, según advierte la economista de AXA. Actualmente, el 90% de los gastos del Gobierno brasileño son “obligatorios”: gastos en pensiones, salarios de los funcionarios públicos, sanidad y educación, y subsidios.
"Estos gastos son particularmente difíciles de reducir y requieren reformas estructurales", indica Irina Topa-Serry. En su opinión, debería aumentar la edad de jubilación para estabilizar el gasto en pensiones, además de unificar las normas de los sectores público y privado a través de una reducción del "generoso" sistema de empleados públicos brasileño, aparte de "romper el vínculo entre las pensiones mínimas y los salarios", entre otras cosas.
Pero el principal problema reside en que ese tipo de medidas necesitan un fuerte apoyo del Congreso antes de su implementación, un escenario que parece poco probable tras las elecciones.
TODO DEPENDERÁ DEL CONGRESO
Junto con el presidente y el vicepresidente del país, la ciudadanía brasileña también elegirá los días 7 y 28 de octubre a los gobernadores y miembros de la Asamblea Estatal para 27 estados. El Congreso Nacional reorganizará todos sus 513 escaños en la Cámara de Diputados y dos tercios del Senado Federal (54 de los 81 escaños).
Sin embargo, estas elecciones son "un concurso de belleza en el que las personas votan por una persona, no por un partido", según Topa-Serry. De hecho, la carrera presidencial está muy fragmentada y polarizada en torno a los extremos: en las encuestas despuntan el candidato populista de derecha, Jair Bolsonaro, y Fernando Haddad, el candidato de reemplazo de izquierda del expresidente Lula da Silva.
Ambos cuentan en la actualidad con un apoyo muy limitado en el Congreso. Y, según las encuestas, tras las elecciones solo tendrán el 16% de los escaños en la Cámara Baja y casi ningún apoyo en el Senado, lo que complica aún más la posibilidad de que Brasil lleve a cabo las reformas estructurales que puedan evitar la explosión de su deuda.
