La directiva de Bruselas MIFID II entró en vigor el pasado 3 de enero buscando dotar de mayor transparencia al sector de la inversión y los productos financieros y, de esta forma, solventar los errores que se presentaron durante la reciente crisis financiera.
Sus objetivos son claros: crear un mercado único de servicios financieros en la Unión Europea, asentar un marco de regulación común y fomentar la transparencia y la seguridad en la contratación de productos financieros.
¿Pero cómo afecta esta directiva? El cliente, inversor o ahorrador estará más protegido y mejor asesorado con mayor y mejor información.
Las entidades tienen que definir el perfil inversor del cliente y sólo se le ofrecerán productos que respondan a sus necesidades
Cuando un cliente vaya ahora a su banco o entidad financiera, sabrá si su entidad vende o asesora. Es decir, si le ofrece unos productos para que pueda elegir o si realiza propuestas personalizadas según objetivos y necesidades del cliente. Los asesores financieros tendrán que tener una certificación específica sobre economía y finanzas y, como mínimo, seis meses de experiencia previa antes de desarrollar su actividad profesional de manera autónoma.
Se busca, por tanto, potenciar el asesoramiento personalizado y especializado. Las entidades tienen que definir el perfil inversor del cliente y sólo se le ofrecerán productos que respondan a sus necesidades. Asimismo, se pretende que el cliente tenga más información, y dejarán claro qué comisiones tienen los productos y quién las cobra.
Por su parte, los mercados financieros y sus productos estarán más regulados, con un aumento del control sobre ellos. La negociación de títulos y productos se hará en plataformas de negociación multilaterales y la transparencia en los mercados crecerá dotando de mayor confianza a los inversores.
Además, todo esto se plasma en que aparece una categoría de mercado nueva, Organised Trading Facilities (OTF), para los instrumentos como bonos, derivados, productos estructurados… Aumentan los requerimientos a los operadores financieros con una mayor intervención de los supervisores que contarán con capacidad para prohibir ciertos productos o actividades financieras, al mismo tiempo que aumentan las sanciones en caso de recurrir a ellas.
* Borja Roibás, profesor en EUDE Business School de MBA especializado en el área financiera