La banca presiona a De Guindos para seguir cobrando retrocesiones en la venta de fondos

Los ingresos de la industria de fondos de inversión españoles superaron los 2.400 millones de euros en 2016, según los registros de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV). Las gestoras, que gestionan ya 250.000 millones de euros en fondos, retroceden en torno a dos terceras partes de las comisiones a los distribuidores, a menudo las oficinas del banco al que pertenecen. En 2015, el porcentaje de este incentivo se situó en el 63,5%, cercano a los 2.500 millones de euros si se contabilizan los ingresos totales por la gestión y comercialización de vehículos de inversión de las gestoras, que sobrepasaron los 3.500 millones de euros.

Sin embargo, la forma en la que el Ministerio de Economía y Competitividad transponga puede poner en peligro esta práctica. Hasta ahora, lo que se conoce de la futura transposición, que debería haber estado lista este mes para que se adapten las empresas del sector, contempla tres supuestos para cobrar retrocesiones. Estos son, considerarse asesor no independiente, ofrecer una oferta amplia y la permitir el acceso a una gama elevada de productos financieros.

Inverco: "El comercializador informará al ahorrador ex-ante y ex-post de la cuantía exacta y total del incentivo percibido por el comercializador"

Es decir, aportar valor en el servicio al cliente para justificar el cobre de una retrocesión en la comercialización de fondos. En este caso, defiende Inverco al proponer un cuarto supuesto para permitir seguir cediendo comisiones a la banca, "el comercializador informará al ahorrador ex-ante y ex-post de la cuantía exacta y total del incentivo percibido por el comercializador". Es decir, añade, "el coste del incentivo para el comercializador (gasto implícito para el ahorrador), se explicita por la exigencia de transparencia". "El mero hecho de aportar información, en parte ya exigida por MiFID II, es difícil que se considere un añadido de valor para el cliente bajo el prisma de la directiva", asegura un experto.

“La remuneración de la distribución en España de fondos de inversión, al igual que en 26 de los 28 países de la Unión Europea, se basa mayoritariamente en el pago de retrocesiones”, afirma la asociación. De hecho, el representante de las gestoras pone como ejemplo Alemania, donde se ha incorporado el supuesto "como mejora de la calidad del servicio" al disponer de una red de oficinas al servicio del inversor.

Inverco ha enviado una nota -con infografía incluida- al Ministerio de Economía y Competitividad y a la CNMV, que tienen pendiente transponer la directiva europea, para reclamar que se incluya este supuesto. “La adquisición de fondos por los inversores minoristas españoles tiene lugar mayoritariamente mediante el servicio de comercialización, siendo muy reducidos los servicios de asesoramiento y de gestión discrecional de carteras, debido al bajo volumen de inversión medio”, señala la patronal.

En concreto, explica que el 82% de los inversores tiene una inversión inferior a los 20.000 euros. “Diversos estudios demuestran que el inversor español prefiere la adquisición de instrumentos financieros a través de las oficinas”, añade. Asimismo, recuerda que el 90% de la distribución de fondos de inversión, según sus estimaciones, se realiza a través de sucursales bancarias.

El 90% de la distribución de fondos de inversión, según las estimaciones de Inverco, se realiza a través de sucursales bancarias

¿Y SI NO HAY INCENTIVOS A LOS VENDEDORES?

En una entrevista con ‘Bolsamanía’, el presidente de Inverco, Ángel Martínez-Aldama, explicó que teme que en caso de que se coarten los incentivos a los vendedores, en la gran banca opten por primar otros instrumentos: “Lo que nos gustaría es que los fondos sigan siendo atractivos para las redes de distribución, que pueden cuestionarse seguir vendiéndolos en vez de otros productos de inversión sustitutivos que tengan menos exigencias y requerimientos, ya que los distribuidores tienen a su disposición para ofrecer al cliente fondos, depósitos, seguros, acciones o bonos”, señaló Martínez-Aldama.

En la misma línea, el portavoz de la Asociación Española de Banca (AEB), José Luis Martínez Campuzano, también defiende el cobro de las retrocesiones. “la industria pide que se incluyan más ejemplos en la regulación en los que se considera cumplido el objetivo de “aumento de la calidad del servicio’”, concreta. “Los ejemplos incluidos hasta el momento giran en torno a dos elementos principales (asesoramiento y productos de terceros) cuyos efectos negativos ya se han dejado sentir en otros países y no recogen otros elementos cuyos efectos positivos ya se han demostrado. Entre estos últimos están las amplias redes de distribución que permiten llegar a un conjunto muy amplio de clientes, una red de sucursales con personal formado y herramientas que permiten hacer una selección muy personalizada para cada cliente”, añade.

En caso de no incorporarse el cuarto supuesto, la patronal asegura que “se encarecerá el servicio para el ahorrador”, aumentará la “exclusión financiera” y se “reducirá la oferta de producto”. Mientras que si se incluye, asegura que se “mejora la calidad del servicio al cliente mediante la fase pre-venta” y se eleva la transparencia porque “el ahorrador conoce explícitamente lo que recibe el comercializador”.

Las retrocesiones han sido siempre un nido de críticas en la industria española. Entre los críticos está la firma de análisis Morningstar. “La directiva MiFID II será positiva porque, como poco, pondrá más transparencia sobre las comisiones y en general tiene como objetivo proteger al inversor. Pero el cambio no será muy grande en la industria si se permite el uso de retrocesiones declarándote como asesor no independiente”, asegura Javier Sáenz de Cenzano, director de análisis para Europa, África y Oriente Medio de Morningstar.