El veto de los 'cortos' en Liberbank complica la aprobación del alquiler de acciones para los fondos

La industria, de la mano de Inverco, reclama que los fondos puedan alquilar sus valores a terceros para obtener una rentabilidad extra mediante las comisiones que se cobran a los prestatarios. De hecho, Inverco mandó a Economía una propuesta de la normativa, que tras recibir en 2008 el visto bueno del Consejo de Estado no tendría que pasar por el Congreso. Pero las presiones bajistas sobre Banco Popular y Liberbank en la primera mitad del año vuelven a poner en peligro el visto bueno definitivo que el sector esperaba para finales del año pasado o principios de 2017.

Popular, que fue intervenido y adjudicado por un euro al Santander el pasado 7 de junio tras la huida de depósitos directamente relacionada con su hundimiento bursátil, ‘murió’ con un agregado de posiciones cortas del 9,77% del capital que semanas atrás alcanzó el 12,37%. Con la exclusión de la bolsa del banco que presidía Emilio Saracho, Liberbank sufrió una ola de ventas que se llevó por delante el 40% de su valor en una semana, y que frenó la CNMV con la prohibición temporal de nuevas ventas en corto sobre la entidad durante un mes desde el pasado 12 de junio. En julio, el regulador presidido por Sebastián Albella extendió el veto dos meses más, con lo que en septiembre tendrá que decidir si lo retira -en este caso no habría notificación- o si vuelve a prorrogarlo.

Desde el Gobierno, Luis de Guindos aplaudió la decisión sobre Liberbank al considerar que sus caídas se habían producido por “movimientos especulativos”, mientras que Ramón Aguirre, portavoz del PP en la Comisión de Investigación de la Crisis, cuestionó por qué no se había tomado también con el Popular -lo hizo en el Congreso ante Luis María Linde, gobernador del Banco de España, quien no tiene competencia al respecto y eludió la pregunta-.

Los casos de Liberbank y Banco Popular son puntuales y no deberían afectar a la decisión sobre regular el alquiler de acciones

La CNMV lo justificó en que este tipo de medidas sólo tiene efectividad si la presión bajista es reducida -1,39% del capital en Liberbank-. Además, es peligroso culpar a las ventas en corto con las caídas de una acción. De hecho, los responsables de la mitad de las mayores posiciones cortas en la bolsa española pierden dinero este año. Entre otras, las de DIA, que soporta apuestas que suponen el 19% del capital -alcanzaron el 24,86%-, pero el valor sube un 19% en 2017.

“Estos casos son puntuales y no deberían afectar a la decisión sobre regular el alquiler de acciones”, explican desde Inverco a ‘Bolsamanía’. Sin embargo, el optimismo se ha reducido en la asociación. Tras la investidura de Mariano Rajoy el 29 de octubre, daba por hecho que sería inminente. Casi diez meses después, la solicitud sigue aparcada en el cajón.

COMPETIR EN “DESVENTAJA”

La primera vez que la industria de instituciones de inversión colectiva (IIC), a través de su patronal Inverco, presentó una solicitud formal, fue en 2008. Es decir, en el preludio de la crisis que golpeó a la economía española y, por extensión, al mercado de renta variable. El auge de las posiciones cortas en un momento especialmente delicado para el sector financiero hizo políticamente imposible impulsar esta normativa. Los bajistas son siempre los inversores odiados cuando hay pérdidas generalizadas al ser los que ganan. Además, entre 2011 y 2012 hubo prohibiciones temporales a las ventas en corto en varios países de la Unión Europea, incluido España.

Aun así, la práctica de prestar valores a terceros está extendida entre los fondos de inversión, fondos de pensiones y ETF de la mayor parte de mercados desarrollados. “El último país en permitir a las IIC prestar sus valores fue Bélgica, y lo hizo en el año 2007”, señala el documento que envió Inverco al Ministerio de Economía y Competitividad el año pasado, tras las elecciones del 26 de junio. La asociación volvió a poner encima de la mesa su vieja reivindicación, una vez que los desplomes de la bolsa quedaron atrás y La Moncloa apuntaba a volver a tener Gobierno estable o, al menos, no provisional.

“Desde una perspectiva de derecho comparado, las IIC españolas están en desventaja comparativa: España es el único país en el que las IIC no pueden llevar a cabo la operativa de préstamo de valores”, sostiene Inverco. La asociación calcula que los inversores que sí prestan sus activos en España elevaron su rentabilidad en 10,14 puntos básicos con las acciones y, en el caso de la deuda pública, en 1,40 puntos básicos. Unas décimas más en el retorno anual que dependerían de la intensidad y recurrencia del préstamo.

El alquiler, de hecho, es habitual entre los vehículos de inversión internacionales que tienen acciones en empresas españolas. Por ejemplo, el 16% de DIA está en manos de cuatro inversores institucionales -el fondo soberano noruego Norges Bank, los bancos de inversión estadounidenses Goldman Sachs y Morgan Stanley, y la gestora norteamericana BlackRock- que prestan prácticamente la mitad de estos títulos a terceros.

Con este préstamo, los fondos o ETF mantienen su exposición a largo plazo y arañan una rentabilidad extra a corto plazo. Pero también son la principal munición para los ‘hedge funds’ que apuestan contra una empresa por convicciones bajistas o por establecer coberturas para otras inversiones alcistas -estrategia long-short-. Su ‘modus operandi’ tradicional consiste en tomar prestados valores para venderlos al recibirlos para, posteriormente, recomprarlos en el mercado cuando han de devolverlos a su legítimo dueño. Si en este proceso el instrumento cae, ellos ganan (ver vídeo con el funcionamiento de las posiciones cortas).

“No es sólo para los ‘cortos’, hay otros inversores que necesitan pedir prestados valores para su operativa”, recuerdan desde Inverco. Así sucede con agentes del mercado como los que que arbitran operaciones fallidas entre inversores. No obstante, los clientes del alquiler de valores suelen ser los bajistas. Precisamente por ello, cada vez que hay accidentes en el mercado -por ejemplo, la caída del Popular o el veto en Liberbank- se cuestiona este tipo de inversión, por lo que la industria teme otro retraso indefinido en la aprobación de la normativa.