En vigor el decreto del alquiler: cambios que el inquilino debe exigir en el contrato

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Con la intención de "responder a la necesidad de atender la urgencia social que se deriva de un mercado de la vivienda deficiente, especialmente desequilibrado en el ámbito del alquiler", el Gobierno de Pedro Sánchez aprobó en los último días de legislatura este decreto ley con medidas que "se dirigen a ofrecer mayor seguridad y certidumbre al inquilino, incentivar la oferta de vivienda de alquiler y dar apoyo a los grupos más vulnerables, aliviando la carga financiera de las familias".

Una de las medidas que ha creado más controversia es la de limitar los precios. De hecho, Podemos vetó a principios de año este decreto por no incluir ningún cambio en este sentido. Ahora, lo que se incluye es un techo a la actualización de la renta durante la vigencia del contrato, que queda limitada al incremento del IPC.

En este sentido, el Gobierno se da un plazo de ocho meses para la elaboración de un sistema estatal de índices de referencia a las viviendas, que se utilizará para hacer un seguimiento del mercado y servir de soporte a medidas de carácter fiscal. Este índice se actualizará anualmente y será lo más detallado posible. No obstante, esto en ningún caso habilita a las administraciones al establecimiento de sistemas de regulación de precios de alquiler.

Los inquilinos también deberán exigir que su nuevo contrato tenga una prórroga de cinco años, si el arrendador es persona física, o de siete años, si es persona jurídica. Frente a los tres y cinco años, respectivamente, que regían hasta ahora. Además, se amplía la prórroga tácita si ninguna de las partes dice nada transcurridos los cinco o siete primeros años, de uno a tres años. En cuanto al plazo de preaviso previsto para no renovar el contrato, aumenta a dos meses para el inquilino y a cuatro meses para el arrendador.

Los arrendadores solo podrán pedir como máximo dos mensualidades como concepto de fianza, pero se verán beneficiados en el caso de alquilar una vivienda vacía

Respecto a los colectivos más vulnerables, el nuevo decreto establece la notificación sistemática de los procedimientos de desahucio a los servicios sociales, por lo que se tendrá más tiempo para analizar las posibles situaciones. También se clarifica la obligatoriedad de señalar el día y la hora del desahucio, con lo que se acabará con los lanzamientos con fecha abierta.

Los arrendadores, por su parte, solo podrán pedir como máximo dos mensualidades como concepto de fianza. Además, se verán beneficiados en el caso de alquilar una vivienda vacía. Para estimular la oferta, la propuesta es habilitar el gravamen en el IBI de la vivienda vacía.

Sin embargo, pese a la entrada en vigor, este decreto aún tiene que pasar el filtro del Congreso, que en los próximos 30 días deberá convalidar o desaprobar, algo que ya ocurrió en enero y que podría volver a pasar. Para el jefe de estudios del portal inmobiliario Idealista, Fernando Encinar, "el nuevo intento del Gobierno por regular el alquiler cae en el mismo error de base que el decreto aprobado en diciembre", puesto que en lugar de "aprobar medidas eficaces que busquen el aumento significativo de la oferta para moderar los precios, se mete a regular lo que tienen que hacer los propietarios".

Añade que muchos de ellos pueden verse tentados a sacar sus viviendas del alquiler, justo lo contrario de lo que se persigue. No obstante, considera que la creación de un informe de precios de alquiler "aportará transparencia", pero "puede usarse para establecer límites al libre mercado". Desde Fotocasa, "celebran" que se establezca la creación de este índice. "Toda medida que favorezca la transparencia del sector es bienvenida" y este índice "dotará al mercado de más información", apunta su directora de estudios, Beatriz Toribio.