Durante estas semanas, la Comisión de Seguimiento y Evaluación de los Acuerdos del Pacto de Toledo debate sobre la necesidad de abordar un cambio en las pensiones para asegurar la sostenibilidad del sistema público. Ante una cuestión que preocupa a gran parte de los ciudadanos, un grupo de expertos da una serie de recomendaciones para conseguir que en un futuro las pensiones puedan ser también suficientes y equitativas.
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El Foro de Expertos del Instituto Santalucía considera que se necesita urgentemente llegar a pactos sociales y de Estado, con una amplia mayoría, para encauzar el crecimiento económico y asegurar la sostenibilidad del sistema de pensiones, justamente cuando mayor es la incertidumbre causada por el incesante impacto sanitario y económico de la Covid-19. Por ello, han presentado un documento suscrito por el presidente de este Foro, Guillermo de la Dehesa, el director y el subdirector de Fedea, Ángel de la Fuente y José Ignacio Conde-Ruíz, el responsable de Análisis Económico de BBVA Research, Rafael Doménech, y el economista José Antonio Herce.
En él plantean que el actual sistema de pensiones pone en riesgo la viabilidad del mismo y su equidad intergeneracional, ya que las pensiones públicas son más elevadas de lo que permiten los salarios y los tipos de cotización. Un hecho que se acentúa con la elevada esperanza de vida tras la jubilación. Para corregir este problema de sostenibilidad, creen necesario reducir la actual tasa de sustitución, ya que "de lo contrario habría que abordar una fuerte y creciente subida impositiva". También consideran necesario generalizar y profundizar en alargar la vida laboral así como recuperar el factor de sostenibilidad, ligando el retiro laboral a la esperanza de vida.
Otro asunto es el mantenimiento del poder adquisitivo de las pensiones, posible siempre que se garantice la sostenibilidad del sistema. Sin embargo, avisan de que, en la situación actual, vincularlo al IPC "agravaría la deficitaria situación de la Seguridad Social". Eso sí, las pensiones mínimas sí habría que blindarlas frente al efecto de la inflación por razones de equidad.
Abogan por la separación de fuentes para financiar el sistema, siendo a cargo de las cotizaciones las pensiones contributivas, pero que se incluyan como impuestos generales los complementos de mínimos y otras prestaciones no contributivas. "Esto exige el traspaso al Presupuesto General del Estado de los costes ligados a las bonificaciones de las cotizaciones para fomento del empleo y otros conceptos no contributivos", afirman.
Creen que hay que potenciar la previsión social complementaria para extender los sistemas privados de ahorro, tanto individuales como colectivos. Al mismo tiempo, apoyar los mecanismos de fiscalidad basados en el principio de neutralidad para no distorsionar decisiones de inversión. No obstante, desaconsejan reducir las deducciones de las aportaciones a planes de pensiones individuales, pues "es discriminatorio y perjudica especialmente a los trabajadores por cuenta propia". Proponen crear un "perímetro de ahorro previsional a largo plazo", donde tenga cabida cualquier tipo de producto financiero con el mismo tratamiento fiscal que los planes de pensiones. Así, "el ahorrador podría vender y comprar diferentes activos sin penalización tributaria, siempre que mantuviese esos recursos hasta haber alcanzado la edad de jubilación", detallan.
COMPATIBILIZAR PENSIÓN Y SALARIO
Este grupo de expertos defienden la posibilidad de compatibilizar el cobro de la pensión de jubilación y de un salario y consideran contraproducente cualquier mecanismo de jubilación forzosa. En este sentido, apoyan la adopción de políticas flexibles que estimulen una mayor participación laboral de las personas de más edad, para el aprovechamiento de su experiencia y talento.
Por otro lado, opinan que no se debe comparar el gasto público en pensiones como porcentaje de PIB con otros países, ya que la pirámide poblacional no es equivalente. "En términos comparativos, la población española es más joven en promedio que la de países de nuestro entorno. Esto significa que en países donde en la actualidad gastan más fondos en pensiones en proporción al PIB se debe a que sus tasas de dependencia son mayores, no porque sus pensiones sean más generosas que las españolas", matizan.
Por último, apoyan la extensión del sistema de reparto hacia las cuentas nocionales por su transparencia y equidad. "No se trata de transitar hacia un sistema de capitalización, sino de mantener el actual, con complementos de mínimos financiados por impuestos, en el que se introducen cuentas individuales nocionales como instrumento para el cálculo de las pensiones", aclaran.
