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Jubilarse a los 65 años y cobrar toda la pensión "no será factible en 2050" en España. Es lo que asegura la OCDE a la vez que señala que entre las medidas con las que hacer sostenible el sistema de pensiones está reducir las prestaciones, incrementar la edad de jubilación o aumentar los ingresos, aunque esta última sería solo "una solución a corto plazo".

Así lo afirma el responsable de Pensiones de la División de Trabajo y Política Social de la OCDE, Hervé Boulhol, que considera que los 65 años es una cifra "algo baja" para un país como España en el que existe una "gran incertidumbre" y "es evidente" que la población será cada vez más envejecida. Dentro de 30 años, por cada 100 personas de entre 20 y 64 años habrá 78 en España, cuando en la actualidad esta ratio es de 300 por cada 100.

Aunque es cierto que la edad de jubilación ya ha empezado a aumentar en nuestro país, cree que seguirá siendo "sustancialmente más baja" en comparación con otros países, donde además sí se tiene en cuenta la vida laboral completa para recibir la pensión, mientras que en España no es así. También, aquí los trabajadores pueden seguir jubilándose a los 65 años si han acumulado 38,5 años de cotización. "Lo importante es la edad efectiva de jubilación y la española comparada con otros países está más baja", dice el jefe de la Unidad de Pensiones Privadas en la División de Asuntos Financieros de la OCDE, Pablo Antolín.

Por ello, aparte de modificar la edad de jubilación, la OCDE propone en su informe 'Pensions at a glance' otras medidas para solucionar el problema de sostenibilidad que afecta a las pensiones públicas. Una de ellas es la de aumentar los impuestos o que se paguen mediante estos partidas que ahora se cargan a la Seguridad Social. No obstante, Boulhol opina que la opción de aumentar ingresos o diseñar una tasa específica para las pensiones es solo "una solución a corto plazo" y que "a largo plazo hacen falta medidas de calado sobre la propia estructura del sistema".

El organismo también hace alusión al factor de sostenibilidad, una buena herramienta para afrontar el impacto del envejecimiento en las pensiones, según señala el informe. Sin este factor, la tasa de sustitución, es decir, el porcentaje del salario que se percibe en la pensión, que en España ya es "muy generosa", puede subir diez puntos, desde el 80% actual al 90%, con el consiguiente coste. Por ello, piden al Gobierno vincular las pensiones a este índice porque "mejorará la sostenibilidad financiera". "No hacerlo así y indexarlas a la inflación puede dar problemas a medio plazo", señala.

Precisamente, en cuanto a revalorizar las pensiones teniendo el cuenta el IPC, la OCDE considera que "puede ser muy injusto" que suban menos que el IPC, "sobre todo si la contribución al sistema ha sido muy alta durante la vida laboral, pero no ligarlas al IPC puede ser la única forma de que los pensionistas compartan el esfuerzo con los otros grupos de edad". Pero las pensiones "no podrán mantenerse siempre al mismo nivel de la inflación".

SISTEMA PRIVADO

Respecto al papel de los planes privados de pensiones, la OCDE reconoce que los beneficios fiscales en España están por debajo de la media, pero no ve en ese aspecto la clave para impulsarlos más. Lo que sí destaca es que el Gobierno tendría que hacer "atractivo que contribuyan más para ganar después más", puesto que "si se quieren promover los sistemas voluntarios privados hay que dar incentivos a las personas".

En España, solo uno de cada diez trabajadores cuenta con un plan de pensiones de empleo, según datos de Inverco, quienes junto con Unespa han pedido en reiteradas ocasiones que el Gobierno fomente un modelo semiobligatorio de planes de empleo complementarios a la pensión pública, similar al de Reino Unido.

Esto demuestra que todavía es necesario establecer "un marco fiscal estable y estimulante que promueva el ahorro financiero dedicado a la jubilación", indica el presidente de Inverco, Ángel Martínez-Aldama. Está convencido de la importancia de implantar un sistema privado voluntario de autoadhesión que pivote sobre las empresas en favor de los trabajadores y de estimular el ahorro para la jubilación permitiendo la exención fiscal de las rentas financieras dedicadas al ahorro a largo plazo similar a la que tienen las plusvalías generadas por las ventas de inmuebles.

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