La cuestión sobre si el sistema de pensiones español es sostenible resurge ahora con la crisis provocada por la pandemia del Covid-19. Sus consecuencias económicas, entre las que se encuentra el gran aumento del desempleo y debido al parón de la actividad económica y, por consiguiente, el descenso en las cotizaciones a la Seguridad Social son la puntilla, principalmente para un sistema de reparto, como es el de España. La solución a la caída de los ingresos puede estar en mayores impuestos o en la emisión de deuda.
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Los recortes en las aportaciones y cotizaciones, el elevado desempleo, la menor actividad económica general o la acrecentada jubilación anticipada son circunstancias actuales que impactarán a corto, medio y largo plazo en la financiación de los compromisos de pagos corrientes y futuros. Es lo que señalan los expertos del Instituto BBVA de Pensiones, que consideran que para los sistemas de Seguridad Social de reparto la caída de los ingresos "debe ser compensada, en ausencia de fondos de reserva de liquidez, mediante impuestos generales o asignados a este fin, pagaderos sobre la marcha, o mediante deuda que habría que colocar en los mercados y devolver en el futuro, poniendo entonces los impuestos que no se pudieran ahora".
España sí cuenta con este fondo de reserva. Creado hace años por precaución para afrontar los cambios demográficos y económicos adversos, su propósito ha sido precisamente el de aumentar la capacidad de resistencia del sistema de pensiones frente a este tipo de perturbaciones asegurando su sostenibilidad mientras esas condiciones durasen y, al mismo tiempo, evitar que posibles reformas en el sistema causasen pérdidas del poder adquisitivo de las pensiones.
Sin embargo, como señalan estos expertos, la crisis del coronavirus puede tener un "duradero efecto fuertemente recesivo en el corto plazo o extenderse por un periodo más largo del previsto". España agotó en 2019 las "nada despreciables reservas" con las que contaba debido a la crisis que se produjo entre los años 2008 y 2013. Y con un fondo de reserva para las pensiones bajo mínimos, tiene que hacer frente a lo que se le viene encima. "Está por ver aún si las consecuencias económicas de una perturbación tan inesperada y diferente a las que estábamos acostumbrados como esta son de una magnitud comparable", opinan.
DERECHO A PENSIÓN
Una de las consecuencias más inmediatas del repentino parón de la actividad económica es la generalización de los llamados vacíos de cotización, tanto por la finalización de contratos temporales o despidos como cualquier otro cese de la actividad laboral no cubierto por la Seguridad Social o el Sistema Público de Empleo. Una situación negativa no solo para la sostenibilidad instantánea del sistema de pensiones, también para el trabajador a la hora de calcular su futuro derecho a pensión, ya que el número de años trabajados y cotizados determinan, junto a la edad, la acumulación de derechos y la pensión final.
Desde el Instituto BBVA de Pensiones creen conveniente nuevas políticas públicas para abordar la cobertura de estos periodos de inactividad, "evitando la pérdida de rentas presentes y de derechos a recibir rentas futuras de jubilación". Así, las prestaciones por desempleo deberían ser "limitadas al inicio, decrecientes en el tiempo y finalizadas en un momento determinado". Proponen combinar la llamada mochila austriaca con una especie de cuenta individual en la que todo tipo de ahorros de ciclo vital del trabajador se mezclasen con otro tipo de aportaciones a esquemas previsionales.
"Esta cuenta o mochila, dotada de reconocimiento inmediato de cualquier aportación a la misma y que debería estar asegurada, acompañaría a los trabajadores en cualquiera de sus destinos laborales hasta su jubilación, sin dejar de servir para contingencias que pudieran suceder con anterioridad a ese momento, preservando, no obstante, una parte sustantiva para dicha jubilación", detallan.
