El Tribunal de Cuentas ha acusado al al expresidente catalán, Carles Puigdemont, junto con otros miembros de su Gobierno de desviar más de 8 millones de euros de las arcas públicas. Una cantidad con la que sufragó los gastos para la celebración del referéndum ilegal del 1 de octubre del año pasado.
Esta cifra es, además, mayor a la atribuida por el juez Pablo Llarena al delito de malversación en la causa investigada en el Tribunal Supremo. Además, hace más de un año, Hacienda ya denunció a Puigdemont y su Gobierno, a los que reclamó que pagase de su bolsillo los gastos que tuvo la Generalitat para organizar este referéndum, según una información avanzada por el diario El País.
El escrito de la Fiscalía se conoce un día después de que Sociedad Civil Catalana y Abogados Catalanes por la Constitución presentaran su propia denuncia ante el Tribunal de Cuentas contra el expresident catalán y sus exconsejeros por los mismos hechos, si bien en el caso de estas organizaciones el dinero irregularmente gastado sería de 1,97 millones de euros de fondos públicos.