La reducción de la semana laboral está dando mucho qué hablar. Políticos, empresarios y expertos comparten sus opiniones y diferentes puntos de vista sobre un modelo de trabajo en el que se alargaría el fin de semana e implantaría la posibilidad de tener cuatro días de jornada laboral semanales. Por el momento, el proyecto piloto acordado se ve como una alternativa viable en determinados sectores. No obstante, es considerado de difícil implantación a nivel nacional y requiere, según los expertos, de un desarrollo adecuado que garantice la viabilidad en todos los sectores.
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Mas País fue el partido impulsor de esta iniciativa aceptada por el Gobierno. En la propuesta trasladada al Ministerio de Industria se pide a las empresas la reducción de la jornada laboral a cuatro días semanales con tres de descanso, bien concentrando las 40 horas semanales de trabajo en esos cuatro días, bien acortando la jornada semanal a 32 horas.
Este nuevo formato es factible siempre y cuando no suponga un aumento del coste empresarial como consecuencia de la necesidad de llevar a cabo nuevas contrataciones, según refleja el despacho de abogados y economistas Abencys.
Teresa Ezquerra, abogada del despacho de asesoramiento legal y económico, cree que "en ciertos sectores de actividad sería un modelo de trabajo factible, y no solo una utopía. No olvidemos que hasta hace solo dos años el modelo de teletrabajo parecía una utopía difícilmente alcanzable, que no sólo ha resultado funcionar en determinados segmentos de actividad, sino que, superada la pandemia del Covid muchas empresas han decidido instaurar de manera definitiva".
No obstante, los expertos hacen hincapié en que hay ciertas actividades o empleos en los que parece más complicado como régimen general aplicar dicha reducción, pues las necesidades del mercado harían difícil su implantación en el sector de determinados servicios. Según señala Teresa, "por el momento, parece tratarse de una medida opcional, pues tiene difícil implantación a nivel nacional dentro de un marco jurídico aplicable a todas las empresas y sus empleados".
Y no sólo esto, la abogada señala que la jornada laboral de cuatro días difícilmente podrá hacerse efectiva por las empresas a nivel general si no se aplica de manera oficial también a las administraciones públicas. Si este modelo oficializa el viernes como no laborable, sería complicado de encajar si no se traslada a todos los ámbitos. Cita como ejemplo a los abogados, que "mal podrían descansar tres días de la semana si uno de esos días los Juzgados funcionaran con normalidad a efectos de notificaciones y señalamientos". Es decir, “por el momento parece una cuestión de organización interna de los descansos de los trabajadores por medio de turnos rotacionales que aseguren el descanso de tres días seguidos, con independencia de qué días fueran", explica Ezquerra.
La flexibilidad es clave en este debate, es fundamental para poder personalizar las cargas de trabajo y es evidente que podría ser beneficioso en función de conseguir una mayor protección a nivel de estrés o ansiedad. La digitalización contribuye a esta mejora porque a los trabajadores ahora también se les oferta el teletrabajo, se les facilita el horario de entrada o salida flexible, la jornada intensiva, las vacaciones flexibles, la reducción del tiempo del almuerzo para salir antes o el conocido como 'job sharing' (un puesto de empleo compartido por dos personas).
En cualquier caso, a juicio de Teresa, de este proyecto piloto “lo relevante es que las empresas puedan seguir prestando sus servicios en condiciones de competitividad, sin aumentar los costes de personal por la necesidad de llevar a cabo nuevas contrataciones y sin poner en riesgo su viabilidad”. No hay que olvidar que algunos de los agentes implicados en el proyecto son partidarios de la reducción de la jornada a 32 horas semanales sin reducción del salario. Esto comportaría un inevitable aumento del coste laboral y social a las empresas, que para cubrir el mismo horario de servicio se verían obligadas a contratar nuevos trabajadores que cubriesen las horas restantes, poniendo en algunos casos en juego la viabilidad de las empresas.
En definitiva, se trata de una medida cuya implantación requiere una importante reflexión y un desarrollo adecuado que dé seguridad a todas las partes, facilitando la conciliación para los trabajadores, pero no suponga un coste al empresario. Por el momento "habrá que esperar a ver cuántas empresas se acogen a este nuevo régimen y qué implicaciones tiene sobre la economía y la generación de empleo en los distintos sectores de actividad", concluye Teresa Ezquerra.
