MADRID, 09 JUN. (Bolsamania.com/BMS) .- El anteproyecto de Ley Orgánica del Poder Judicial está levantando ampollas en los principales órganos de Justicia de nuestro país. La reforma estrella, impulsada por el ministerio que dirige Alberto Ruiz Gallardón, se enfrenta a multitud de alegaciones presentadas por los propios jueces, que se oponen a las nuevas medidas de forma casi unánime. Según apunta El País, las salas de Gobierno de los Tribunales Superiores, el Tribunal Supremo, la Audiencia Nacional y todas las asociaciones profesionales se oponen al nuevo texto. El Gobierno del Partido Popular alega que la reforma del Poder Judicial pretender solucionar “los problemas de retrasos y favorecer la profesionalización y especialización de los jueces”. Uno de los cambios introducidos que ha sido más criticado son las limitaciones a la justicia universal. La reforma ha supuesto, entre otras cosas, la excarcelación de narcotraficantes cuyos delitos, al haber sido cometidos en aguas internacionales, ya no pueden ser instruidos por jueces nacionales. Además, muchos casos de vulneración internacional de los derechos humanos deberían dejar de ser instruidos por nuestros jueces, aunque de momento la Audiencia Nacional no ha cerrado ningún caso. Otra de las reformas introducidas por el Gobierno es la suspensión de grandes casos de corrupción si se plantea una cuestión prejudicial determinante de la culpabilidad o inocencia del acusado. De entrar en vigor esta medida, causas como la de Urdangarín podrían quedar suspendidas. El anteproyecto de Ley también quiere imponer que los casos más complejos, como el de Bárcenas o el de los ERE, pasen a ser instruidos por un órgano colegiado de tres magistrados, y acabar así con los llamados “jueces estrella”. Esta medida podría suponer que se atribuyeran competencias con fines espurios, según apuntan desde Jueces para la Democracia. El anteproyecto de Ley quiere además limitar la libertad de expresión de los magistrados, que no podrán hacer valoraciones públicas sobre los casos que instruyen, y pretende eliminar también la figura del juez de paz, que encarna la representación del poder judicial en localidades pequeñas; esta medida limitaría el acceso a la justicia de los ciudadanos que residen en zonas rurales. M.M.