Una docena de miembros de la ONG Greenpeace han cortado desde primera hora el acceso al área de bajas emisiones por la calle Alcalá de Madrid, justo al lado de Cibeles, impidiendo el paso de los vehículos. Esto, en el día en que entra en vigor la moratoria de multas de Madrid Central, que se prolongará hasta el 30 de septiembre.
Durante estos tres meses el acceso con coche a este área de bajas emisiones no conllevará multas pero sí avisos a aquellos conductores que traspasen la doble línea roja establecida en la calzada y que delimita el perímetro de acceso.
Esta medida, ha reiterado el Consistorio, "no suprime, no suspende, no elimina" Madrid Central. La intención es "reconvertir" la medida. El nuevo equipo de Gobierno ve "imprescindible" un nuevo periodo de avisos para que haya información de esta normativa y también fiabilidad, por lo que se aprovechará la moratoria para llevar a cabo una "auditoría de los sistemas de control".
Todo ello según lo previsto en el artículo 247 de la ordenanza de Movilidad, tal y como se estableció del 30 de noviembre al 16 de marzo, con el anterior equipo de Gobierno, cuando se puso en marcha el periodo de avisos.
Los miembros de Greenpeace se han situado en el centro de la calzada con pancartas en las que se lee "Madrid Central funciona", para recordar a los conductores que la zona de bajas emisiones sigue en vigor con o sin multas, y animar a los ciudadanos a seguir utilizando el transporte público y evitar ir al centro en coche. Por este motivo, impiden el paso a los vehículos privados pero permiten el paso a los autobuses y vehículos de emergencia.
Un dispositivo policial ha rodeado a los activistas sobre las 8:45 horas. Diez de ellos permanecían en medio de la calle Alcalá, mientras otros siete estaban en la acera, custodiados por agentes.
