El Consejo de Ministros ha aprobado en primera vuelta el Anteproyecto de Ley de Servicios de Pago con el que traspone la nueva normativa europea 'PSD2'. Esta regulará el acceso de terceros a las cuentas de los clientes de los bancos, bien para agregar información o para el inicio del proceso de pago, en nombre y previa autorización del cliente.
Así, servicios de iniciación de pagos que actúan como intermediarios, alternativa frente a las tarjetas, y entidades que consolidan la información del usuario de diferentes entidades estarán dentro del marco regulatorio nacional. Con un matiz, las entidades que se dediquen solo a uno de estos dos servicios tendrán unas exigencias menores que el resto.
A su vez, con el objetivo de mejorar la seguridad, la normativa incluye como novedad de exigencia de una autenticación reforzada del cliente en su acceso online a sus cuentas. Además, reducirá de 150 a 50 euros las pérdidas máximas que un cliente deberá asumir en caso de que se produzca una operación de pago no autorizada como uso fraudulento, extravío o robo de la tarjeta u otro instrumento de pago. Asimismo, limitará el plazo de respuesta para la resolución de las reclamaciones de usuarios hacia entidades, ahora de quince días frente a los dos meses anteriores.
Por último, el Gobierno ha añadido una obligación más allá de la transposición, y obligará a todo empresario o profesional a ofrecer a sus clientes métodos de pago alternativo al uso de efectivo para compras cuyo importe supere los 30 euros. Este deberá estar visible o anunciarse en el local.
SIN LÍMITE A LAS COMISIONES
La Asociación para la Defensa de Consumidores y Usuarios de Bancos, Cajas y Seguros (Adicae) ha criticado el Anteproyecto del Consejo de Ministros por no establecer ni limitar las comisiones que se cobran en estos servicios de pago. De acuerdo con la Asociación, las comisiones de las tarjetas de crédito son más caras en España que en el resto de Europa, "en algunos casos con diferencias abismales de hasta el 78% más que la media de los países más ricos de Europa, donde en algunos casos no cobran comisión alguna".
Además, Adicae cree que en la norma "faltan soluciones jurídicas para problemas concretos que han perjudicado a los consumidores" como las tarjetas 'revolving', que pueden llegar cargar intereses de hasta el 27%. Sin embargo, la organización aplaude la medida de prohibir los recargos impuestos al consumidor, o limitar a 50 euros el coste máximo que asume el cliente en caso de ser sustraídos sus fondos sin autorización.
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