El Gobierno escuchará la opinión de las compañías eléctricas para intentar conciliar los intereses de todos los sectores afectados por la escalada del precio de la luz, a la que ha intentado poner freno con un reciente plan de choque con medidas fiscales y regulatorias, que perjudica a las empresas energéticas.
Así lo ha afirmado la ministra de Política Territorial y portavoz del Gobierno, Isabel Rodríguez, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros.
Las declaraciones de Rodríguez se dan en plena ronda de reuniones de la vicepresidenta tercera y ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera, con la cúpula de las compañías eléctricas para conocer su opinión sobre las medidas que incluyen dicho plan de choque, una de las cuales afecta directamente a la cuenta de resultados de las empresas al reducir sus ingresos en unos 2.600 millones.
Ribera se entrevistó la pasada semana con el consejero delegado de Endesa, José Bogas, y tiene previsto esta semana que se reúna con los máximos responsables de Iberdrola y de Naturgy.
Rodríguez ha señalado que desde el Ministerio de Transición Ecológica se intenta conseguir que consumidores, familias, industrias y empresas energéticas salgan beneficiados por igual en el marco de las medidas adoptadas para "racionalizar" el precio de la energía. "Creo que este Gobierno ha demostrado en todo momento capacidad de diálogo", ha remarcado Rodríguez, quien ha señalado que por supuesto se tendrán "en consideración" las opiniones de las compañías durante la fase de diálogo que se ha abierto con ellas.
La ministra ha recordado que el Ejecutivo ha creado medidas estructurales directas para cambiar el modelo energético, propiciando un mayor peso a las energías renovables, seguidas de medidas de impacto directo para limitar las subidas y, finalmente, un plan específico dirigido a que la inmensa mayoría de las familias pague a finales de este año un recibo similar al de 2018, descontando la inflación.
Además, ha declarado que desde el primer momento el Gobierno ya avisó de que no es una cuestión que afecta solo a España, sino que que tiene impacto a nivel internacional, por lo que "hay que enfocarlo desde la UE, planteando la necesidad de una regulación armonizada", ha concluido.
PLANES A CORTO PLAZO PARA REBAJAR LA LUZ
La pasada semana, la vicepresidenta para la Transición Ecológica abrió la puerta a introducir modificaciones en las medidas adoptadas hasta ahora, en línea con las que espera que plantee la Comisión Europea para hacer frente a la subida incansable del precio de la electricidad, ya que apuesta por "una solución de ámbito europeo".
En una entrevista a la agencia 'Reuters', señaló que, en el caso de que la Unión Europea plantee medidas, está dispuesta a adoptarlas y descartar las medidas adoptadas en el ámbito nacional. Para ser más concretos, hace apenas unos días España ha firmado una declaración conjunta con Francia, Grecia, Rumanía y República Checa en la que exigen una respuesta europea que contemple, entre otras medidas, la reforma del mercado mayorista.
El Pleno del Congreso votará y debatirá este próximo jueves el decreto ley que obliga a las compañías eléctricas a devolver parte de los beneficios extraordinarios que obtienen al tener que ver en su generación un sobrecoste del gas que no utilizan, un importe estimado por el Gobierno en 2.600 millones de euros.
El decreto, aprobado por el Consejo de Ministros el pasado 14 de septiembre, recoge una batería de medidas dirigidas a frenar la histórica escalada de los precios energéticos en los últimos meses, a partir del alto coste del gas y de los derechos de emisión de CO2.
