- Actualmente existen 2,4 millones de hogares acogidos al bono social
El precio medio de la luz en enero de 2017 será el más caro en 11 años. Además la factura eléctrica subirá un 26%, casi 14 euros, con respecto al mismo mes del año anterior. Un escenario que ha apresurado que el Pleno del Congreso de los Diputados haya convalidado este martes el real decreto ley por el que se regula el mecanismo de financiación del coste del bono social y otras medidas de protección al consumidor vulnerable de energía eléctrica, como la prohibición de los cortes de suministro a las familias a los usuarios de especial vulnerabilidad.
Esta norma entró en vigor el pasado 24 de enero tras su aprobación en el Congreso de Ministros. La Cámara baja lo ha convalidado por la mayoría del Pleno de la Cámara Baja, gracias al pacto alcanzado por el Gobierno con el PSOE y Ciudadanos. En resultado final ha sido: 248 votos a favor, 77 en contra y 15 abstenciones sobre el Real Decreto-ley 7/2016.
Una iniciativa que puede salvar muchos españoles de caer en situación de pobreza energética. El bono social supone un descuento del 25% en la factura final de electricidad y a él pueden acogerse los consumidores más vulnerables, un colectivo que actualmente incluye a las familias con todos sus miembros en situación de desempleo, a los perceptores de pensiones mínimas, a las familias numerosas y a los consumidores con potencia contratada inferior a tres kilovatios.
Actualmente existen 2,4 millones de hogares acogidos al bono social, lo que supone aproximadamente un total de siete millones de personas. La Asociación de Ciencias Ambientales, en su informe Pobreza Energética en España publicado en abril, estima que 7.100 ciudadanos mueren al año como consecuencia de enfermedades agravadas por la falta de recursos para calentar la vivienda, utilizando la metodología de la Organización Mundial de la Salud (OMS).
Según la reciente sentencia del Tribunal Supremo, la financiación del bono social había quedado invalidada, aunque los consumidores vulnerables podían continuar acogiéndose al mismo. La convalidación de este decreto ley por parte del Congreso se restablece la financiación del bono social, que será asumido por las comercializadoras de energía eléctrica.
NO PODRÁ SUSPENDERSE EL SUMINISTRO
El decreto ley aprobado en el Congreso establece que no podrá suspenderse el suministro eléctrico a los consumidores en situación de especial vulnerabilidad que estén siendo atendidos por los servicios sociales de las administraciones públicas competentes.
Actualmente, la Ley del Sector Eléctrico ya contempla una serie de suministros considerados esenciales a los que en ningún caso podría suspenderse el suministro eléctrico, como en cárceles u hospitales. Con esta medida se pasa a incluir también a los consumidores en situación de vulnerabilidad severa.
Asimismo, se establece que las comercializadoras eléctricas cofinanciarán una parte de los gastos que las administraciones competentes estén ya realizando para atender a estos consumidores. A este respecto, cuando se ponga en marcha un impago, la compañía tendrá la obligación de comunicar al consumidor el inicio del proceso. Además, antes de proceder al corte de luz, tendrá que contactar con los servicios sociales para comprobar si se trata de un consumidor extremadamente vulnerable, ya que en caso de ser así no se podrá proceder a la suspensión del suministro.
UNA NORMA TODAVÍA INSUFICIENTE PARA ALGUNOS
Algunas asociaciones como la Plataforma por un Nuevo Modelo Energético considera que el real decreto-ley por el que se regula el mecanismo de financiación del bono social y otras medidas de protección al consumidor vulnerable de energía eléctrica "no acabará con la pobreza energética".
La asociación señala que la normativa regula únicamente el bono social eléctrico, cuando la electricidad constituye solo el 35% del consumo doméstico, por lo que cree necesario un bono social energético que incorpore además suministros como el gas natural, el gasóleo y otros combustibles, con los que se calientan el 65% de los hogares.
