- El sistema ha funcionado a la perfección, el poder judicial sigue siendo un pilar esencial de la integridad democrática
El tribunal que ha juzgado el caso Nóos, tras un juicio de seis meses y otros ocho meses de redacción de la sentencia, ha distribuido las responsabilidades correspondientes con cierta moderación, a gran distancia de las penas exageradas que reclamaba el ministerio público (pedir 19 años de cárcel para sancionar a un delincuente económico es un despropósito). En definitiva, la infanta es absuelta, su esposo es condenado a seis años y tres meses de prisión, Diego Torres recibe la mayor condena (ocho años y seis meses) y Jaume Matas es castigado con tres años y ocho meses por su papanatismo al condescender con meliflua aquiescencia a los requerimientos del yerno del Rey.
La vertiente del ‘caso Nóos’ que tenía y tiene relevancia política es lógicamente la relativa a la posible afectación de la Corona. Felizmente, la abdicación del Rey Juan Carlos, ya en plena decadencia personal y sin reflejos para detener aquella aventura suicida del matrimonio Urdangarin, saldó la implicación de Zarzuela en el escándalo. Don Felipe, quien no mostró jamás la menor ambigüedad con respecto a su cuñado y a la infanta Cristina, ha remontado le vuelo y puede decirse con precisión que este desenlace ya no le afecta. De hecho, es bien significativo que mientras se ha conocido la sentencia en Palma, don Felipe y la Reina estaban inaugurando junto al presidente de Hungría, János Áder, y su esposa, Anita Herczegh, la exposición “Obras maestras de Budapest. Del Renacimiento a las Vanguardias” en el Museo Thyssen-Bornemisza.
La infanta, tan apegada a su lugar dinástico en la sucesión que no ha querido renunciar a él, tenía la obligación de velar por la integridad de la Corona
En este turbio asunto que tan bien refleja la osadía de las pasiones humanas, hay una responsabilidad señalada que es la que corresponde a la infanta Cristina, que es quien, por educación y posición, debió haber impedido el desmán. Urdangarin, un deportista bien plantado pero con escasas luces profesionales (por decirlo con amabilidad), descubrió la mina de su posición social, que ella no le debió haber permitido explotar. La infanta, tan apegada a su lugar dinástico en la sucesión que no ha querido renunciar a él, tenía la obligación de velar por la integridad de la Corona, que ha sido puesta en almoneda por un pobre botín.
Sea como sea, el sistema ha funcionado a la perfección, el poder judicial sigue siendo un pilar esencial de la integridad democrática e incluso de la preservación de los granes equilibrios institucionales, y los ciudadanos podemos regresar de nuestra indignación ante el caso con el resultado de un resarcimiento ejemplar: ha quedado claro que todos somos iguales ante la ley, un axioma teórico que hemos tenido ocasión de poner a prueba.
Antonio Papell
