- La empresa entró en suspensión de pagos la semana pasada
El operador postal Unipost, donde la Guardia Civil ha encontrado material para el referéndum de independencia del 1 de octubre suspendido por el TC, está en la lista de morosos de Hacienda con una deuda de 5,4 millones de euros por lo que no puede contratar de manera directa con las Administraciones Públicas. Esta empresa entró el pasado mes de julio en concurso de acreedores con una deuda de 50 millones de euros.
La citada sociedad pertenece a una rama de la familia Raventós y ya fue requerida por la Fiscalía Superior de Cataluña en 2014 en el marco de la investigación sobre los preparativos de la consulta del 9 de noviembre, por la que después resultó inhabilitado el expresidente de la Generalitat, Artur Mas.
En aquel entonces, la Fiscalía ya requirió a Unipost que enviara la hoja de encargo, contrato y documentos que obraran en su poder relacionados con la distribución o el buzoneo de propaganda del 9-N, así como que explicaran qué persona o entidad suministró a la compañía el listado de destinatarios o el mecanismo por el que se obtuvo dicho listado.
VINCULADA AL 9-N
En el día de hoy, tres años después, Unipost ha sido registrada por la Guardia Civil, que se ha incautado de centenares de sobres embalados y almacenados en cajas y abundante material relacionado con el referéndum ilegal del 1-O.
Se da la circunstancia de que el operador postal Unipost, el principal competidor de la empresa pública Correos, está incluido en la última lista de morosos que publicó el Ministerio de Hacienda con fecha 22 de junio de este año. Sus deudas y sanciones tributarias pendientes ascienden a 5.443.749 euros, según ha podido comprobar Europa Press. Una cantidad que le impide contratar con las administraciones públicas de manera directa, tal y como aseguran los expertos fiscales consultados.
Según expertos fiscales, la legislación permitiría que esta empresa fuera subcontratada por otra para prestar ese servicio, pero esta otra sociedad tendría que hacerse cargo de las deudas tributarias que pudiera dejar Unipost en esa operación y además, debería contar con los certificados de estar al corriente de pago en sus obligaciones tributarias.
Unipost fue creada en 2001 por la integración de la catalana Suresa --cuya marca aún conserva Unipost y está fuera del concurso de acreedores en la que sí están Unipost Servicios Generales y Unipost SA--, la valenciana Flecha y la aragonesa Urbandisa. Presta servicios postales en toda España y cuenta con 2.500 trabajadores en plantilla y otros 2.000 colaboradores más repartidos en cerca de 140 franquicias.
Unipost lleva seis años acumulando pérdidas, que suman más de 23 millones de euros, y ha generado una deuda de 50 millones. Ha llevado a cabo varios ajustes de plantilla en los últimos años y desde 2016 viene arrastrando deudas y retrasos en los pagos de las nóminas con los trabajadores a los que debe unos 5 millones de euros, según diversas informaciones publicadas a raíz del concurso de acreedores presentado el pasado 19 de julio.
SOCIEDAD DE LOS RAVENTÓS EN MADEIRA, ISLA CON VENTAJAS FISCALES
La empresa decidió suspender pagos después de que la banca se negara a seguirla refinanciando, a pesar del acuerdo alcanzado el pasado año con las entidades de crédito. Todas estas deudas se suman a las que ya mantenía con Hacienda.
La sociedad, presidida por Antón Raventós, y administrada ahora por un administrador concursal, cuenta entre sus miembros del Consejo de Administración con Patinage Consultadoria e Marketin LDA, una sociedad radicada en Madeira (Portugal), isla que cuenta con importantes ventajas fiscales para las empresas aunque no figura en la lista negra de los paraísos fiscales.
Según publicó EconomíaDigital.com en diciembre de 2016, esta sociedad está participada por hasta 27 miembros de la familia Raventós, que cuentan con pequeños porcentajes, empezando por el director general de Unipost, Pablo Raventós. Patinage Consultadoria e Marketing LDA entró a formar parte del Consejo de Administración de Unipost en 2014 y, aunque en la actualidad se habría disuelto, sigue figurando en el registro como miembro del Consejo.
La sede social de esta empresa está en Funchal, capital de la isla de Madeira, que pertenece a Portugal pero es autónoma y tiene sus propias reglas fiscales y ofrece condiciones ventajosas a las empresas que están domiciliadas allí, con un impuesto del 5 por ciento sobre los beneficios.
