La batalla judicial entre los clientes hipotecados y los bancos por las cláusulas suelo no ha terminado aún. La Justicia comunitaria tiene pendiente resolver sobre las hipotecas que se renegociaron después de que el Tribunal Supremo decretara la nulidad de las cláusulas suelo abusivas en mayo de 2013, es decir, en las que se cambiaron determinadas condiciones a cambio de que el cliente no emprendiera acciones legales contra el banco. Cuando el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) enmendó al Tribunal Supremo tres años después estableciendo una retroactividad, estas renegociaciones se comenzaron a pelear en los juzgados y ahora la Justicia europea debe dar su opinión y despejar la incertidumbre de miles de clientes.
Estaba previsto que el Abogado General del TJUE dictara sus conclusiones el pasado 12 de diciembre, si bien el tribunal informó a las partes de que esta decisión, que no es vinculante pero sienta las bases para la definitiva del TJUE, se aplazaba hasta finales de enero, previsiblemente para el día 30.
El caso se elevó a la Unión Europea por parte de varios juzgados de primera instancia que plantearon cuestiones prejudiciales al TJUE hace más de un año y miles de afectados por las cláusulas suelo esperan con ganas este pronunciamiento del Abogado General y la posterior decisión del TJUE, que llegará meses después.
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Se trata de los hipotecados que, una vez que se conoció la sentencia del Tribunal Supremo sobre las cláusulas suelo, en mayo de 2013, pactaron con sus respectivos bancos una modificación en las condiciones de sus contratos a cambio de renunciar a la devolución de las cantidades indebidamente pagadas por las cláusulas suelo o a emprender acciones legales amparándose en la nueva jurisprudencia. Acudieron a los tribunales después de que el TJUE corrigiera la doctrina del Supremo tres años después.
Un fallo desfavorable engordaría la abultada factura judicial de la banca, aunque el tribunal deberá determinar si el fallo afecta a todas las renegociaciones o solo a las que mantuvieron las cláusulas abusivas a cambio de no emprender acciones judiciales y de rebajar el tipo de interés de la hipoteca.
Estos clientes “son víctimas de una incorrecta jurisprudencia del Tribunal Supremo que Europa corrigió”, según explica Patricia Suárez, presidenta de Asufin, que añade que estos hipotecados “han sufrido un doble engaño y deben tener derecho a recuperar su dinero”.
Los casos de esta clase de clientes abundan en los juzgados especializados en este tipo de cláusulas, aunque los recursos relacionados con este tema llevan un par de meses paralizados a la espera de la decisión del TJUE.
UN 2020 CON LA VISTA EN EUROPA
Así, 2020 empezará fuerte para el sector bancario, que ya se enfrenta a numerosos procedimientos judiciales. Uno de los más relevantes es el relacionado con el Impuesto de Referencia de Préstamos Hipotecarios (IRPH), al que están referenciadas en este país miles de hipotecas.
El TJUE debe pronunciarse sobre este tema después de que el Tribunal Supremo respaldara en noviembre de 2017 que la aplicación del IRPH, un índice oficial calculado por el Banco de España, no es abusiva. El Abogado General del TJUE, sin embargo, consideró en sus conclusiones, publicadas el pasado septiembre, que su aplicación puede ser controlada judicialmente, es decir, que se puede pleitear, por lo que pasó la pelota a los juzgados para que determinen si es abusivo o no lo es.
A las posibles consecuencias negativas para la banca sobre este índice se unen ahora las relacionadas con los contratos renegociados con cláusulas suelo. Una situación que hace crecer la incertidumbre judicial del sector bancario, que cada año se enfrenta a un nuevo frente.