La secretaria de Estado para la Agenda 2030, Ione Belarra, ha asegurado que están proponiendo la creación de un impuesto a la vivienda vacía en el marco de la nueva ley sectorial, que tiene que presentar el Ejecutivo y que negocian Unidas Podemos y PSOE.
Belarra se ha mostrado partidaria a aplicar un impuesto a la vivienda vacía y de que los grandes propietarios, aquellos que tengan más de diez viviendas, pongan el 30% de esas propiedades en "alquiler social para movilizar la vivienda vacía". En esta línea, ha urgido a que se prohíban los desahucios sin alternativas habitacionales: "No tiene sentido que, habiendo un parque de vivienda muy ancho en España en manos del sector privado, la gente acabe en la calle, como hemos visto durante esta pandemia", ha asegurado.
Belarra se ha manifestado en estos términos durante su intervención en el acto telemático de la formación morada 'L'habitatge que Catalunya mereix', en el que han intervenido el número dos de los comuns para las elecciones catalanas, Joan Carles Gallego; la portavoz del grupo en el Parlament, Susanna Segovia; el secretario primero de la Mesa del Congreso, Gerardo Pisarello, y la concejal de Vivienda de Barcelona, Lucía Martín.
La dirigente de Podemos ha subrayado el alto nivel de ingresos que se destina al pago de la vivienda, por encima del 40% y se incrementa de forma considerable en el caso de los jóvenes. En esta línea, ha criticado la política desplegada por los partidos del bipartidismo (PSOE y PP). Ha reivindicado la presencia de Unidas Podemos en el Ejecutivo al lograr la paralización de desahucios a la población vulnerable, la puesta en marcha del Ingreso Mínimo Vital y el desarrollo del 'escudo social' ante la crisis del coronavirus.
Ha indicado que ahora toca pensar también en "encauzar la reconstrucción", donde las políticas de vivienda deben ser "clave", pues hasta ahora ha habido una "cultura de la especulación" en un sector inmobiliario "desrregulado" que se ha "heredado del franquismo".
Belarra ha apostado por "poner coto a los especuladores" en la nueva Ley de Vivienda, que negocian con el PSOE, y actuar ante la vivienda vacía en manos de grandes tenedores y fondos de inversión, dado que a su juicio se utiliza esa concentración para subir "artificialmente" los precios. "Tenemos que movilizar la vivienda vacía y para eso estamos proponiendo un impuesto a la vivienda vacía", ha detallado, para subrayar también otras propuestas, como definir al gran propietario a quien disponga de cinco o más inmuebles y obligarles a que el 30% lo destinen a alquiler social.
La negociación sobre la nueva Ley de Vivienda está congelada hasta que terminen los comicios catalanes, aunque los contactos mantenidos hasta ahora han desvelado diferencias "sustanciales" entre los socios de coalición en el Ejecutivo central.
Ione Belarra ya detalló a Europa Press en diciembre que su aspiración es que la nueva ley movilice la vivienda vacía propiedad de los grandes tenedores y forzar a que la saquen al mercado para incrementar la oferta de alquiler social en favor de las familias vulnerable. Ya entonces manifestó que no descartaba plantear un impuesto o una tasa a la vivienda vacía para fomentar su salida al mercado.
Un informe de la Vicepresidencia segunda de Derechos Sociales y Agenda 2030 calificaba de "fracaso" el 'modelo luso' de incentivos fiscales de cara a lograr bajadas del precio del alquiler, por el que se decanta el PSOE. El análisis del departamento que lidera Iglesias sostiene que la medida lusa "no limita el precio del alquiler, sino que es una iniciativa de carácter voluntario que tiene como objetivo promover la oferta de vivienda en alquiler por debajo de los valores de mercado mediante beneficios fiscales".
EN COMÚ PODEM PIDE RECUPERAR EL PACTO NACIONAL POR LA VIVIENDA
Joan Carles Gallego ha propuesto "recuperar" un Pacto Nacional para la Vivienda que permita establecer medidas, políticas y estrategias para garantizar el derecho a la vivienda en Cataluña a través de la implicación de agentes sociales y económicos y para evitar que el mercado habitacional esté regulado por intereses financieros.
Entre otras medidas, ha pedido alcanzar el 15% de vivienda pública y que haya proactividad en las políticas de vivienda para impulsar una reforma fiscal en España que logre beneficiar al alquiler protegido e implementar una ley de barrios verdes para garantizar la trasformación ecológica.
Así, ha criticado las políticas de vivienda propuestas por ERC y Junts en esta última legislatura, y ha puesto en valor las que ha impulsado el Ayuntamiento de Barcelona, que ha habilitado 2.000 viviendas de alquiler social "frente a las 30 que ha hecho la Generalitat". Ha asegurado, a su vez, que en lo relativo a las políticas de vivienda, ni ERC ni Junts "están ni se les espera, porque no tienen un modelo de vivienda definido diferente del modelo mercantilista".
