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Manuel Azuaga, presidente de Unicaja
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Unicaja vendió dos carteras de activos problemáticos por importe total de 330 millones de euros a finales del pasado mes de diciembre, según han confirmado fuentes del mercado consultadas por Europa Press. Una operación que le permite sanear su balance de cara a la fusión que negocia con Liberbank.

Tal y como adelanta 'El Confidencial', se trata de una cartera de hipotecas de 230 millones de euros que ha sido vendida a Cerberus y otra de crédito promotor de 100 millones que ha adquirido AnaCap.

Según los datos últimos disponibles, la entidad contaba al cierre del tercer trimestre de 2018 con un saldo de activos no productivos (neto de provisiones) de 1.594 millones de euros. Estas operaciones están en línea con la estrategia que Unicaja ha llevado a cabo en los últimos años de reducción del peso de los activos no productivos.

PROCESO DE FUSIÓN

Los bancos de inversión contratados por Liberbank y Unicaja para estudiar la viabilidad y conveniencia de llevar a cabo una fusión entre ambas entidades finalizarán sus análisis previsiblemente en la primera quincena de febrero, tras lo cual los consejos de administración de los dos bancos decidirán si siguen adelante con el proceso y, en caso afirmativo, elaborarán el proyecto común de fusión para finalmente ejecutarlo en el segundo semestre de 2019.

Fuentes del mercado conocedoras de la operación han trasladado este calendario de un proceso que continúa en marcha y que se encuentra en la primera fase de realización de auditoría de compra o due diligence, en la que Mediobanca y Deutsche Bank están asesorando a las entidades.

Esta primera fase interna de 'hacer números' no finalizará hasta alrededor de cinco o seis semanas después del cierre el ejercicio 2018 (primera quincena de febrero), aunque diversas fuentes ya estiman que los costes de la integración y reestructuración se situarán entre unos 350 y 450 millones de euros.

Tras evaluar los datos, las cúpulas directivas de ambas entidades valorarán si seguir adelante con la operación y, en caso afirmativo, elaborarán un proyecto común de fusión, que sería presentado y aprobado posteriormente por las juntas de accionistas y, finalmente, por los reguladores.

La fórmula jurídica de la operación será la fusión por absorción de Liberbank por parte de Unicaja. El actual presidente de Unicaja, Manuel Azuaga, ocupará la presidencia del grupo resultante, y Manuel Menéndez será su consejero delegado, como confirmaron fuentes conocedoras de las negociaciones a Bolsamanía hace un mes.

En el proyecto común de fusión se acordará la ecuación de canje, es decir, la participación de cada entidad en el grupo resultante, para lo que se tendrán en cuenta factores como el tamaño, los modelos IRB o la tracción comercial, entre otros elementos. Las mismas fuentes informaron a Bolsamanía de que Unicaja se quedará con el 55%, mientras que Liberbank tendrá el control del 45% restante.

AMPLIACIÓN DE CAPITAL Y EXCEDENTE DE EMPLEO

Una vez que se decida la ecuación de canje, se llevará a cabo una ampliación de capital "técnica". En este procedimiento, Unicaja deberá entregar a los accionistas de Liberbank nuevos títulos de Unicaja a cambio de sus acciones de la entidad asturiana, que se amortizarán o anularán, para lo que inevitablemente será necesario ampliar capital por el número de acciones y con el capital correspondiente equivalente al precio que tenga Liberbank.

Lo que las entidades evitarán es la segunda ampliación de capital, algo que conseguirán gracias a liberar 600 millones de euros por la introducción de modelos internos en su cálculo de capital, así como a través de la venta de activos no estratégicos. Las fuentes consultadas por Bolsamanía afirman que no será necesaria esta ampliación de capital.

También en esta tercera fase del proceso se llevará a cabo el análisis del excedente de empleo. La integración entre Unicaja y Liberbank daría como resultado a la sexta entidad por activos en España, con casi 96.000 millones de euros, por encima de Bankinter, que controlaría el 4% de la cuota de mercado.

Juntos suman cerca de 1.900 sucursales y una plantilla de más de 10.800 empleados. El ajuste podría llevarse por delante hasta 2.500 empleos a través de un Expediente de Regulación de Empleo (ERE).

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