La Unión Europea (UE) ha iniciado un procedimiento formal de infracción contra la red social X, anteriormente conocida como Twitter, por sospechas de incumplimiento de las obligaciones para contrarrestar los contenidos ilegales y la desinformación.
Asimismo, esta actuación está motivada en respuesta al presunto diseño "engañoso" de la interfaz de usuario de la plataforma y a las dudas de incumplimiento de obligaciones de transparencia.
"La Comisión Europea ha abierto procedimiento formal para evaluar si X puede haber infringido la Ley de Servicios Digitales (DSA) en áreas vinculadas a la gestión de riesgos, moderación de contenidos, patrones oscuros, transparencia publicitaria y acceso a datos para investigadores", ha explicado el organismo.
La apertura del procedimiento en virtud de la Ley de Servicios Digitales está basada en la investigación preliminar realizada hasta el momento por la Comisión y las respuestas de X a una solicitud formal de información, que, entre otras, se refería a la difusión de contenidos ilegales en el contexto de los ataques terroristas de Hamás contra Israel.
"La apertura de un procedimiento formal contra X deja claro que, con la DSA, la época en la que las grandes plataformas en línea se comportaban como si fueran 'demasiado grandes para preocuparse' ha llegado a su fin. Ahora tenemos reglas claras, obligaciones ex ante, supervisión estricta, aplicación rápida y sanciones disuasorias, y haremos pleno uso de nuestra caja de herramientas para proteger a nuestros ciudadanos y democracias", ha dicho Thierry Breton, comisario de Mercado Interior.
En este sentido, las actuaciones se centrarán el cumplimiento de las obligaciones de la DSA relacionadas con la lucha contra la difusión de contenidos ilegales en la UE, en particular en relación con la evaluación y mitigación de riesgos. medidas adoptadas por X para contrarrestar la difusión de contenidos ilegales en el Viejo Continente.
Asimismo, se analizará la eficacia de las medidas adoptadas para combatir la manipulación de la información en la plataforma que mitiguen los riesgos para el discurso cívico y los procesos electorales; las medidas adoptadas por X para aumentar la transparencia; y un presunto diseño engañoso de la interfaz de usuario, en particular en relación con las marcas de verificación vinculadas a determinados productos de suscripción, los llamados controles azules.
"De probarse, estos incumplimientos constituirían infracciones de los artículos 34(1), 34(2) y 35(1), 16(5) y 16(6), 25(1), 39 y 40(12) de la DSA. La Comisión llevará ahora a cabo una investigación en profundidad con carácter prioritario. La apertura de un procedimiento formal de infracción no prejuzga su resultado", ha subrayado la institución europea.
Tras la apertura formal del procedimiento, la Comisión seguirá reuniendo pruebas, por ejemplo enviando solicitudes adicionales de información, realizando entrevistas o inspecciones.
"La apertura de procedimientos formales faculta a la Comisión para adoptar medidas coercitivas adicionales, como medidas provisionales y decisiones de incumplimiento. La Comisión también está facultada para aceptar cualquier compromiso asumido por X de subsanar las cuestiones objeto del procedimiento", ha indicado.
La DSA no establece ningún plazo legal para poner fin al procedimiento formal. La duración de una investigación en profundidad depende de una serie de factores, incluida la complejidad del caso, el grado de cooperación de la empresa en cuestión con la Comisión y el ejercicio del derecho de defensa.
"Cuanto mayor sea el riesgo que representan las grandes plataformas para nuestra sociedad, más específicos serán los requisitos de la Ley de Servicios Digitales. Nos tomamos muy en serio cualquier incumplimiento de nuestras normas. Y las pruebas que tenemos actualmente son suficientes para abrir formalmente un procedimiento contra X. La Comisión investigará cuidadosamente el cumplimiento de X con la DSA, para garantizar que los ciudadanos europeos estén protegidos en línea, como exige el reglamento", ha concluido Margrethe Vestager, vicepresidenta ejecutiva para una Europa adaptada a la era digital
