Los grandes tenedores de vivienda auguran un repunte de la morosidad para después del verano. El pago del alquiler está íntegramente ligado a recibir un salario mensual y su principal temor es que, una vez finalizada la temporada turística, miles de trabajadores del sector servicios tengan que volver al paro ante la imposibilidad de encontrar un nuevo empleo por la crisis del coronavirus, según explican fuentes del sector. Por este motivo, las principales asociaciones instan a modificar las ayudas al alquiler que ha implementado el Gobierno durante la pandemia.
La primera medida que adoptó el Ejecutivo de Sánchez para evitar los impagos fue la moratoria o la condonación del alquiler. Los datos de Asval muestran que ha sido insuficiente, con solo un 3% de inquilinos que ha mostrado interés por solicitarlo, mientras que la morosidad ya se ha disparado del 5% al 15%. Y el tiempo para pedir esta ayuda expira con el estado de alarma, que está previsto que finalice el próximo 21 de junio.
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Existe la posibilidad de ampliar la moratoria durante los cuatro meses posteriores al estado de alarma, pero únicamente si se ha solicitado antes de que se termine esta situación excepcional. A partir de entonces, los grandes tenedores de vivienda (aquellas compañías con diez o más inmuebles en alquiler) no tienen obligación de aplazar los pagos, aunque algunos de ellos ya han mostrado su predisposición a negociar con sus inquilinos sin necesidad de que se les obligue por ley.
El Gobierno de Sánchez también ha puesto sobre la mesa la concesión de préstamos con avales del Instituto de Crédito Oficial (ICO) y sin intereses destinada a inquilinos con problemas puntuales para afrontar la renta. Dos meses después de habilitar esta línea de créditos de 1.200 millones de euros, los bancos han empezado a conceder la ayuda este martes. El plazo de solicitud se prolonga hasta el próximo 30 de septiembre, aunque podría prorrogarse dos meses más, hasta el 30 de noviembre.
MIEDO A ENDEUDARSE CON LOS CRÉDITOS DEL ICO
Desde Asval valoran positivamente esta medida, pero advierten de que muchas personas las van a rechazar porque tiene miedo de incrementar sus niveles de endeudamiento en una situación de tanta incertidumbre respecto al empleo. La propuesta de esta asociación es establecer un programa de ayudas directas a los arrendadores para que no repercuta directamente en los inquilinos y, por lo tanto, se reduzca la morosidad.
Los inquilinos de colectivos más vulnerables "no quieren endeudarse aún más en un momento en el que han visto cómo sus ingresos se han reducido notablemente al entrar en un ERTE o perder su empleo", apuntaba la directora general de Asval, Beatriz Toribio. "Actualmente existe una resistencia a solicitar créditos para pagar el alquiler", insistía en el comunicado.
Asval insta también al Gobierno a que acelere urgentemente las medidas necesarias para incrementar la oferta de vivienda en alquiler. "La agudeza de la dura situación actual no debe impedir que se tomen las medidas adecuadas para resolver el fondo del problema: la oferta de vivienda en alquiler, especialmente a precio asequible. Durante la crisis, hay que sentar las bases para acabar con los problemas estructurales de la economía española y atraer inversión local e internacional que incremente dicha oferta", remarcaba Toribio.
Los fondos inmobiliarios más preocupados por toda esta situación son los que tienen un grueso importante de sus arrendamientos en zonas de clase media-baja, ya que es allí donde residen las familias más vulnerables y más expuestas a perder su empleo y tener dificultades para encontrar otro.
