Telefónica pide que se garantice el derecho al empleo ante la llegada de los robots

La compañía ha presentado este lunes su 'Manifiesto por un Pacto Digital' en un acto en el que el secretario general y director de Asuntos Públicos y Regulación de Telefónica, Pablo de Carvajal, ha incidido en que la empresa no quiere ser un "mero espectador" de la actual revolución tecnológica, sino ser una "actor relevante" que aliente a la creación de una "realidad digital justa y democrática" al servicio de la sociedad.

Para ello, el manifiesto, que sustituye al publicado hace casi cuatro años por la compañía, realiza una propuesta "global y de carácter humanista" en la que asegura que solo poniendo a las personas en el "corazón" de la transformación digital se puede hacer frente a los retos que conlleva este "cambio de época" cargado de "desafíos y enormes oportunidades".

En este contexto, Telefónica quiere iniciar "un debate necesario" para sentar las bases de un nuevo pacto digital "más amplio y abierto" entre Gobierno, empresas y sociedad civil que incluya ideas creativas para fomentar los desafíos y una mayor colaboración entre todos los actores.

Uno de los puntos en los que incide el manifiesto es la necesidad de "un nuevo paradigma regulatorio y normativo" basado en la responsabilidad y la transparencia que combine autorregulación corporativa, directrices y monitorización por los órganos competentes.

GARANTIZAR EL DERECHO AL EMPLEO ANTE LA AUTOMATIZACIÓN

La compañía ha propuesto que, en colaboración con otros agentes sociales, se ofrezcan la formación y la educación adecuadas para garantizar el derecho al empleo de las personas ante el riesgo de la automatización de muchos trabajos y modernicen sus políticas sociales para adaptarse a la realidad de los nuevos mercados y proteger así los derechos de los trabajadores y de la sociedad en general.

Asimismo, incide en que para poder seguir ejecutando estas políticas sociales es muy importante también que implementen un sistema fiscal claro que obligue a las plataformas globales de servicios digitales a pagar los impuestos locales correspondientes y contribuir de forma equitativa al desarrollo de los países donde operan.

MEJORA DE REGULACIÓN Y SUPERVISIÓN

En este sentido, subraya que los marcos regulatorios y normativos tradicionales se están quedando atrás en la evolución digital y la regulación debe ser más ágil a la hora de responder a las conductas y actividades y estar menos enfocada en segmentos y sectores concretos.

Así, agrega que la supervisión debe modernizarse para hacerla "más inteligente y rápida", con un mayor enfoque sobre "el qué" en lugar de "a quién" regular y un planteamiento menos prescriptivo que permita experimentar a la vez que mantiene una supervisión estrecha del desarrollo del mercado y retenga la capacidad de intervenir de manera decisiva cuando se constaten posiciones dominantes y abusos en el mercado.

MÁS RESPONSABILIDAD A PLATAFORMAS DOMINANTES

A este respecto, critica que algunas plataformas digitales dominantes tienen "un impacto desproporcionado" sobre los consumidores, la competencia y la economía que a menudo transciende el de los negocios tradicionales. En su opinión, estas compañías deberían centrar sus actividades en valores como la transparencia, la responsabilidad y la no discriminación y asumir una mayor responsabilidad por su impacto sobre las economías y sociedades.

"Necesitamos un nuevo paradigma regulatorio que aplique a los mismos servicios las mismas reglas y que garantice que todas las empresas tengan las mismas posibilidades de innovar. Las autoridades deben intervenir cuando sea necesario de forma rápida para garantizar la competencia justa y los derechos de los usuarios", ha incidido De Carvajal.

Por otro lado, el manifiesto reclama que las políticas sociales y fiscales se adapten a las sociedades digitales actuales, para lo cual los gobiernos deben fijar las medidas necesarias para que los ciudadanos estén preparados para guiarse en el nuevo entorno digital y mitigar así las nuevas desigualdades que puedan surgir a raíz de la digitalización.

PROCESO INCLUSIVO

Por otra parte, el manifiesto subraya que la digitalización debe ser un proceso inclusivo, por lo que el despliegue de banda ancha debe ser una prioridad para la Administración pública, al mismo tiempo que el sector privado tiene que dar con nuevos modelos de despliegue de infraestructuras y comercialización de banda ancha en zonas sin acceso que sean sostenibles.

Asimismo, remarca que los usuarios deben conocer de forma trasparente sus datos y tener el control sobre cómo y cuándo utilizarlos, porque solo así se logrará la confianza de ellos y se logrará explotar todo el potencial de los datos como impulsor de cambios sociales positivos. Para ello, es necesario garantizar la seguridad y privacidad de los datos con nuevas formas de colaboración público-privada y un esfuerzo adicional para garantizar la seguridad de productos y servicios digitales.

Asimismo, Telefónica ve necesaria una modernización de las políticas sociales y de los derechos de los ciudadanos en el mundo digital, para lo que aboga por una Carta de Derechos Digitales pensada en las personas y que proteja sus valores y derechos fundamentales en el mundo digital.