Las renovables piden cambios en la subasta de 3.000 MW que prepara el Gobierno

Desde la Asociación Empresarial Eólica (AEE), consideran la subasta "una buena noticia" tras muchos años de "parálisis", pero destacan que "el diseño deja mucho espacio para las dudas y la incertidumbre", aunque todavía falta por conocerse la "resolución ministerial que dará a conocer los detalles finales del proceso".

La AEE juzga que lo más efectivo sería establecer "cupos por tecnología", como ya hacen en "Alemania, Reino Unido, Francia, Italia, Polonia, Dinamarca, Irlanda y Portugal". En este sentido, solicita "una planificación energética en la que se establezca qué tecnologías necesita el país en el mix energético en función de parámetros como la demanda eléctrica, la disponibilidad de recurso y la situación industrial".

Una idea similar a la que defiende la Asociación de Empresas de Energías Renovables - APPA, que pide "subastas específicas en función de cada una de las diferentes tecnologías renovables" y "cupos por tecnologías para que puedan ser aprovechados todos los recursos renovables y no se desprecie la complementariedad que existe entre ellas".

La APPA habla de "precipitación" por parte del Gobierno, al no existir un "marco regulatorio estable" ni haberse producido "un díalogo" con el sector. La AEE opina de forma similar, al señalar que "es fundamental recuperar la seguridad jurídica perdida a raíz de la Reforma Energética". Y destaca que los proyectos de esta subasta deberán estar terminados "a finales de 2019, fecha en la que acaba el periodo regulatorio de seis años en el que el Gobierno puede cambiar la rentabilidad razonable de las instalaciones".

El Gobierno envió a Bruselas hace un año y medio un documento de Planificación Energética que hablaba de la necesidad de poner en marcha 8.500 megavatios de energía renovable hasta 2020

Desde el Gobierno, defienden un mecanismo de subastas competitivas y tecnológicamente neutrales, donde las distintas tecnologías puedan competir en igualdad. "Se garantiza que se incorporan aquellos proyectos más eficientes y que supongan un menor coste para el consumidor, en línea con las directrices de la Comisión Europea", señala el Ministerio.

Para APPA, hubiese sido necesario corregir "plenamente los errores cometidos en la primera (subasta)", porque se mantiene "el mismo mecanismo de asignación de un régimen retributivo específico adicional al precio del pool", que depende sobre todo "del valor vigente en cada momento de la tasa de rentabilidad razonable, en lugar de subastar el precio total a percibir por la instalación durante toda su vida útil". El Ejecutivo explica que a partir de ahora se contemplarán diversos hitos intermedios y un sistema de garantías y controles para regular el procedimiento de las subastas y la asignación de los proyectos más competitivos.

Por último, la AEE recuerda que el Gobierno envió a Bruselas hace un año y medio un documento de Planificación Energética que hablaba de la necesidad de poner en marcha 8.500 megavatios de energía renovable hasta 2020 para cumplir el objetivo del 20%, de los cuales 6.400 MW (el 75%) debían ser eólicos.

"Éste es otro de los problemas de esta subasta: se trata de una convocatoria aislada de un volumen importante sin previsión de que se vayan a celebrar convocatorias posteriores, por lo que muchas empresas se verán obligadas a acudir pensando que puede ser su única oportunidad hasta 2020", concluyen desde la Asociación Empresarial Eólica.

LOS CAMBIOS DEL GOBIERNO

El presidente de Iberdrola, Ignacio Sánchez Galán, comentó en octubre que la eléctrica participaría en la subasta "si las condiciones son favorables". El presidente de Acciona, José Manuel Entrecanales, también señaló que están interesados en participar en las subastas, después de ganar varias adjudicaciones en América Latina.

No obstante, también señaló que el principal criterio será la "rentabilidad", porque "estamos ya en suficientes mercados para ser selectivos". Por el momento, Iberdrola y Acciona no confirman si participarán en la subasta, al igual que otras grandes empresas del sector como Ence, Gas Natural Fenosa o Endesa. Todas están pendientes de los detalles finales.

La renuncia a la adjudicación implicará la pérdida automática de los avales y el Ministerio se reserva el derecho a fijar un límite máximo de descuento en las ofertas

Y es que uno de los principales problemas de la subasta de 700 MW realizada en 2016 fueron las ofertas a la baja realizadas por las empresas ganadoras. "La mayoría de los MW adjudicados en la subasta de enero 2016 están paralizados a la espera de encontrar financiación que permita ponerlos en marcha", explican desde Bankinter.

"El Ministerio no tiene ninguna capacidad para exigir responsabilidades, ya que los términos en los que fue desarrollada la subasta constituyen una garantía contractual para sus ganadores. Los proyectos tienen su fecha límite en marzo de 2020 y hasta entonces ni siquiera se pueden reclamar los avales", añaden estos expertos.

El grupo aragonés Forestalia fue el gran ganador de la anterior subasta, al adjudicarse 300 MW eólicos (que prevé desarrollar en Aragón) y otros 108 MW de biomasa. El año pasado, se licitaron 700 MW, de los que 500 MW correspondieron a eólica y otros 200 MW a biomasa. Aunque la empresa asegura que está desarrollando los proyectos y buscando financiación, lo cierto es que ha recibido muchas críticas, ya que su oferta implicaba que renunciaba a recibir subvenciones, lo que causó estupor en el conjunto del sector.

La AEE comenta que "si al final resulta que no se hacen los proyectos porque no encuentran financiación, de nada sirven las subastas". Esta asociación remarca que "se partió de un mal diseño que tuvo como consecuencia un resultado sorprendente, inesperado y nada representativo de la realidad del sector".

Las empresas están pendientes de una Resolución del Secretario de Estado que establecerá las reglas de detalle de la subasta y la fecha concreta de la convocatoria

En esta nueva subasta, y para evitar este tipo de situaciones, el Gobierno introduce dos cambios fundamentales. "Un cronograma de hitos para garantizar el seguimiento de los proyectos, cuyo incumplimiento dará lugar a la ejecución de avales. La renuncia a la adjudicación implicará la pérdida automática de los avales", explica Bankinter. Además, el Ministerio se reserva el derecho a fijar un límite máximo de descuento en las ofertas para evitar “bajas temerarias”.

"La neutralidad tecnológica y la introducción de avales y de límites máximos de descuento en las ofertas constituyen nuevos elementos de la subasta destinados a imponer criterios de máxima austeridad a la hora de desarrollar las energías renovables, pero introduciendo garantías para su desarrollo", concluyen estos expertos.

Así que las empresas están pendientes de una Resolución del Secretario de Estado que establecerá las reglas de detalle de la subasta y la fecha concreta de la convocatoria. Será entonces cuando comiencen a preparar sus ofertas para la gran subasta de los 3.000 megavatios de energía renovable que tiene en vilo a todo el sector.