La patronal de las grandes constructoras rechaza la iniciativa de Fomento de eliminar los peajes de las carreteras cuando termine su concesión. Esta medida, señalan desde Seopan, sería contraria al modelo que impera en el resto de Europa, donde la mayoría de los países cobran peajes.
Los peajes deben pagarlos los usuarios para que el gasto del contribuyente se dedique a protección social. Así lo considera Julián Núñez, presidente de la Asociación de Empresas Constructoras y Concesionarias de Infraestructuras (Seopan), que recuerda el “déficit de gasto público” que existe en algunas áreas en España.
Durante su intervención en el curso La economía ante el blockchain. Lo que está por venir, organizado por Apie y BBVA en Santander, el presidente de Seopan se ha mostrado contrario a la propuesta de Fomento que, por cierto, le ha sorprendido.
Según ha revelado, el Gobierno no comunicó a la patronal esta idea antes de hacerla pública. “Nos sorprende, porque parece que vamos a una vía que es justo la contraria de que la que está vigente en Europa”, ha reiterado el presidente de la patronal de las constructoras.
Núñez lamenta que en España no hay un modelo de financiación de las infraestructuras viarias, por lo que existe una “enorme desigualdad social” y un “debate lógico entre los ciudadanos”. En algunas comunidades autónomas es el usuario el que financia la carretera a través de los peajes, mientras que en otras autonomías se pagan mediante impuestos. Solamente en países como Malta, Chipre y Liechtenstein las carreteras son gratuitas, según ha explicado. Por ello, cree que establecer un sistema similar en España sería ir en contra del modelo europeo.
El presidente de Seopan reconoce que el Gobierno puede tener el apoyo de los conductores, tanto nacionales como extranjeros, en esta iniciativa, pero se cuestiona si el Ejecutivo de Pedro Sánchez contará con el visto bueno de otros colectivos, como los pensionistas.
En todo caso, la patronal cifra en unos 450 millones de euros el coste de la supresión del peaje de las seis vías cuya concesión termina entre este año y 2021. La cifra se eleva a 1.000 millones de euros teniendo en cuenta toda la red de pago de 2.550 kilómetros del país.
