Santander se enfrenta a una oleada de demandas: la OCU recibe 16.000 llamadas de afectados por Popular

"Lo que estamos haciendo ahora es atender a los afectados que se ponen en contacto con nosotros. Cada uno tiene su problemática personal, la situación de todos ellos no es igual. La verdad es que hemos tenido un alud de llamadas", señala a 'Bolsamanía' Felipe Izquierdo, abogado de la OCU en esta causa junto a Eliseo Martínez. Izquierdo reconoce, no obstante, que finalmente estas 16.000 llamadas podrían concretarse en un número inferior de personas (entre 2.000 y 3.000) que finalmente decidirían ir por la vía contenciosa contra la entidad.

La OCU está resuelta a que se depuren responsabilidades por lo ocurrido con Popular y para ello va a ir por todas las instancias. Su objetivo principal es la ex cúpula del banco, con Ángel Ron a la cabeza

La OCU está resuelta a que se depuren responsabilidades por lo ocurrido con Popular y para ello va a ir por todas las instancias. Su objetivo principal es la ex cúpula del banco, con Ángel Ron a la cabeza, contra la cual -y también contra PwC- ha interpuesto una demanda penal respaldada por más de 9.500 pequeños accionistas. La OCU presentó esta demanda el pasado 12 de junio, sólo seis días después de la resolución del banco, y espera que la Audiencia Nacional se pronuncie sobre si la admite a trámite o no a lo largo de este mes . "Queremos que se depuren responsabilidades penales de esas personas. Una vez que se admita a trámite, si demostramos que hubo falseamiento de cuentas, buscaríamos la imputación de todos los miembros de la antigua directiva", explica Felipe Izquierdo.

La OCU apunta directamente a Ángel Ron, presidente de Popular hasta la llegada de Emilio Saracho, como directo responsable de lo ocurrido con Popular. "Saracho lo ha hecho fatal, pero una cosa es que lo haya hecho fatal y otra que tenga responsabilidades penales", señala el abogado de la Organización.

SANTANDER RECONOCE "UN EFECTO ADVERSO SIGNIFICATIVO"

Además de la actuación por la vía civil contra Popular -"para que todo el mundo pueda recuperar su inversión", recalcan desde la OCU- y la actuación por la vía penal contra Ron y la ex cúpula de Popular sobre la que están esperando que se pronuncie la Audiencia Nacional, la OCU también actuará, por la vía contencioso administrativa, contra el FROB (Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria) y la JUR (Junta Única de Resolución). El ministro de Economía, Luis de Guindos, recordaba la pasada semana que las responsabilidades que se toman cuando un banco tiene dificultades recaen en las instituciones europeos. De acuerdo con la normativa comunitaria y española, explicaba De Guindos, los organismos "que han ejecutado todas las decisiones son el Banco Central Europeo (BCE) como supervisor único y la JUR". "El FROB siempre actúa por cuenta de la JUR", explicaba.

"Popular es el que nos tiene que responder porque es una persona jurídica. Si Banco Popular no tiene bienes, responderá Santander", señalan desde la OCU

Aunque, efectivamente, y según la normativa comunitaria, la responsabilidad por la resolución del Popular recae en las autoridades europeas, las demandas se han presentado o se preparan contra todas las partes susceptibles de tener alguna responsabilidad en el asunto. Ángel Ron está en el punto de mira porque se considera que su gestión, con la dudosa ampliación de capital llevada a cabo por Popular el verano pasado, está en el origen de la crisis del banco. Ron ya ha manifestado que se va a defender y ha eludido responsabilidades apuntando a Saracho como el artífice del hundimiento de Popular. "Sus declaraciones (de Saracho) inconcretas generaron alarma en el mercado y provocaron que las acciones se desplomasen un 50% en cuestión de días", declaró recientemente el ex presidente de Popular, al tiempo que defendía su gestión (incluida la polémica ampliación de capital).

Mientras tanto, las miradas también apuntan a Banco Santander, que tendría que hacer frente a los hipotéticos pagos si finalmente las demandas civiles que se interpongan contra Popular acaban fallando en su contra. "El banco (Popular) es el que nos tiene que responder porque es una persona jurídica. Si Banco Popular no tiene bienes, responderá Santander", recuerda Izquierdo. En el folleto de la ampliación de 7.000 millones que presentó esta semana, la entidad cántabra reconoce que las demandas por Popular pueden generar "un efecto adverso significativo", pero al mismo tiempo recuerda la cronología de los hechos: compró Popular después de que la Junta Única de Resolución y el FROB amortizaran todas las acciones. Es decir, después de que las pérdidas totales para los 305.000 accionistas del banco ya se hubieran producido.