Banco Popular, actualmente propiedad de Santander, ha solicitado al magistrado Fernando Andreu dejar fuera de la causa penal a los principales bonistas que se vieron afectados por la resolución de la entidad, entre los que se encuentra Pimco, y al accionista Aeris Invest, brazo inversor de la familia chilena Luksic.
En su escrito, la entidad resuelta hace casi un año considera que cinco fondos (Acmo, Anchorage, Pimco, Algebris y Cairn), así como la firma Aeris Invest, no fueron perjudicados por la ampliación de capital puesta en marcha en 2016 por Popular, por lo que pide que se les excluya de la pieza separada número 1 del procedimiento (la correspondiente a la presidencia de Ángel Ron).
La investigación se encuentra dividida en dos piezas, una vinculada a la ampliación de capital que Popular lanzó en 2016 por 2.500 millones de euros bajo la presidencia de Ángel Ron y otra referida a la publicación de informaciones supuestamente falsas con el objetivo de minar el precio de la acción bajo el mandato de Emilio Saracho.
La entidad considera que los bonistas citados no pueden considerarse perjudicados por los hechos que se investigan en la primera pieza, dado que eran tenedores de deuda subordinada Additional Tier 1 y Tier 2 y CDS (‘credit default swaps’, seguros de riesgo de impago), cuyo valor quedó reducido a cero debido a la resolución del banco.
En cuanto a Aeris Invest, el escrito reconoce que ostentaba acciones de la entidad, pero matiza que no fueron adquiridas durante la ampliación de capital de 2016, sino en el mercado entre enero y junio del año pasado. De hecho, su última compra se efectuó horas antes de que se acometiera la resolución.
SOLO INVESTIGA LA AMPLIACIÓN DE 2016
“El Juzgado ya ha aclarado, en múltiples resoluciones, que la investigación de estos hechos de la pieza separada número 1 no puede consistir en una causa general contra Banco Popular. Por ello, no se están investigando posibles irregularidades relativas a la emisión de todos los productos financieros comercializados por Banco Popular”, indica la entidad en su escrito.
Este argumento ya fue utilizado para excluir del procedimiento a los inversores que acudieron a la ampliación de capital que el banco lanzó en 2012, también por 2.500 millones de euros, coincidiendo con el proceso de reestructuración de la banca en España, como adelantó Bolsamanía.
Así, el banco cree que permitir a cualquiera que haya perdido su inversión con la resolución de Popular personarse en el proceso “podría conducir al absurdo de que se personasen accionistas que adquirieron sus acciones en la entidad hace más de veinte años y que resultaron amortizadas con la resolución”.
La representación de Popular considera “contradictorios” los hechos investigados en ambas piezas, pues la primera estudia la ocultación de las dificultades financieras y contables del banco y la segunda, la difusión de noticias falsas sobre las mismas.
