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Santander no prevé que vaya a sufrir salidas de recursos de clientes por el cambio en las condiciones de la Cuenta 123 que pondrá en marcha el próximo 10 de diciembre, por las que reducirá el saldo remunerado a tan solo 1.000 euros, frente a los 15.000 euros con los que lanzó el producto. En opinión de su consejero delegado, José Antonio Álvarez, la cuenta es “la propuesta más atractiva para el cliente” que hay ahora mismo en el mercado.
De acuerdo con Álvarez, el cambio de la oferta responde a una adaptación a las condiciones del mercado y sus expectativas sobre él, con una subida de los tipos de interés por parte del Banco Central Europeo (BCE) que no termina de llegar. “La cuenta ha funcionado bien, sigue funcionando bien y no está por debajo de nuestras expectativas”, ha explicado durante la presentación de resultados del banco, la última en la que ejercerá de consejero delegado.
"ESPERO QUE A PARTIR DEL LUNES SEPAMOS A QUÉ ATENERNOS"
El consejero delegado de Santander confía en que a partir del próximo lunes, 5 de noviembre, todos los agentes implicados en la concesión de hipotecas (clientes, bancos, sistema judicial y Administración) tengan las cosas claras en relación con el Impuesto sobre Actos Jurídicos Documentados. El próximo lunes, el Pleno de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo se pronunciará, previsiblemente de forma definitiva, sobre quién debe asumir el coste del tributo, si el cliente o el banco.
“Espero que a partir del lunes sepamos a qué atenernos”, ha manfiestado Álvarez durante la presentación de resultados. En su opinión, “no hay ninguna razón para la retroactividad” en la aplicación de la sentencia que el pasado 18 de octubre hizo pública el Tribunal Supremo.
Al todavía número dos de Santander le resulta “relativamente extraño” que el alto tribunal decida cambiar de doctrina y establezca que el sujeto pasivo del impuesto es el banco y no el cliente, como viene siendo durante los últimos 23 años. En todo caso, ha explicado que, decida lo que decida el Supremo, los bancos cumplirán la ley y tomarán decisiones sobre su política comercial en función de la “dinámica competitiva”.
