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La vinculación con el régimen iraní sigue dándole dolores de cabeza a Banco Santander. El despacho de abogados estadounidense Frank R. Cruz ha anunciado que prepara una demanda colectiva ('class action') contra la entidad cántabra en nombre de los inversores del banco después de que se conociera que Irán utilizó cuentas de la filial británica de la entidad para evadir sanciones internacionales. La entidad ha cerrado con caídas del 1,91% después de conocerse esta noticia.
"El bufete de abogados Frank R. Cruz anuncia una investigación sobre Banco Santander en nombre de los inversores en relación con las posibles violaciones de las leyes federales por parte de la compañía", señala un breve comunicado emitido por el despacho, el cual anima a los inversores a sumarse a este proceso.
La información, originalmente publicada por 'Financial Times', revelaba que Irán utilizaba al Santander y a Lloyds para "mover dinero de forma encubierta por todo el mundo como parte de un vasto plan de evasión de sanciones respaldado por los servicios de inteligencia de Teherán".
"Ante esta noticia, el precio de las acciones del Santander cayó 0,24 dólares, o un 5,7%, para cerrar a 3,94 dólares por acción el 5 de febrero de 2024, perjudicando así a los inversores", sentencian desde el bufete. En concreto, la noticia le ha costado unos 3.100 millones de euros en capitalización bursátil a la entidad española.
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El castigo del mercado fue debido "a la alta sensibilidad en torno a esta área, particularmente en el contexto actual, porque existe el peligro de que pueda convertirse en un problema mayor", comentó Russ Mould, director de Inversiones de AJ Bell.
Al bufete radicado en Los Ángeles se suma el despacho Block & Leviton, el cual anunció este pasado 5 de febrero que investigaría a la entidad cántabra por este mismo episodio. "Block & Leviton está investigando si la compañía infringió las leyes de valores y podría presentar una demanda para intentar recuperar las pérdidas en nombre de los clientes afectados", apuntaron.
Hay que recordar también que Santander tiene una parte muy importante de su negocio en Estados Unidos, y que uno de sus objetivos más ambiciosos es seguir creciendo en ese mercado, para lo cual está contratando a cientos de banqueros privados. Además, los grandes accionistas institucionales, en su mayoría fondos americanos, también son muy sensibles a este tipo de noticias.
La información publicada por 'FT' apunta que Lloyds y Santander UK proporcionaron cuentas a empresas pantalla británicas propiedad secreta de una empresa petroquímica iraní sancionada con sede cerca del Palacio de Buckingham. Se trata de Petrochemical Commercial Company (PCC).
Controlada por Irán, esta empresa es parte de una red a la que Estados Unidos acusa de recaudar cientos de millones de dólares para la Fuerza Quds de la Guardia Revolucionaria Iraní y de trabajar con agencias de inteligencia rusas para recaudar dinero para las milicias iraníes.
De hecho, tanto la PCC como su filial británica PCC UK están bajo sanciones estadounidenses desde noviembre de 2018. Sin embargo, apunta el diario británico, diferentes documentos muestran que durante este tiempo la división del PCC en Reino Unido ha seguido operando desde una oficina en Grosvenor Gardens, en Belgravia, utilizando una compleja red de entidades pantalla en Reino Unido y otros países. Asimismo, la Unión Europea dio luz verde al último paquete de sanciones contra Teherán hace ya un año.
Por su parte, el Santander se ha defendido de estas acusaciones. "Banco Santander no ha incumplido la normativa estadounidense sobre sanciones impuestas a terceros de acuerdo con nuestra investigación", ha explicado este lunes un portavoz del banco citado por 'Europa Press'.
"El banco cuenta con políticas y procedimientos para asegurar que se cumplen los requisitos relativos a las sanciones. Santander continuará colaborando proactivamente con las autoridades británicas y estadounidenses pertinentes", ha añadido el portavoz del banco.
Los expertos de Bankinter advierten que "este tipo de noticias suele conllevar una investigación por parte del supervisor bancario que audita los procedimientos de control y cumplimiento normativo de las entidades". Además, consideran que la noticia pone de manifiesto "el riesgo de potenciales deficiencias en el control de las operaciones, que habitualmente se traducen en sanciones económicas".
