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Algunos inversores de Popular han denunciado a Santander ante la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) al considerar que la entidad esté negociando, presuntamente, acuerdos con afectados por la resolución que estaban personados en la causa penal, como han publicado algunos medios. Lo han hecho a través de un escrito remitido al supervisor, al que ha tenido acceso Bolsamanía, en el que consideran que el banco debería haber confirmado o desmentido estas informaciones ante el mercado, si es que han tenido lugar.
En su escrito, los inversores, representados por el despacho Fieldfisher Jausas, acusan a Santander de llegar a pactos con una treintena de afectados por la resolución de Popular y critican que la entidad no haya confirmado ni desmentido estas informaciones, a pesar de que "tendrían efectos económicos significativos y relevantes que podrían afectar al precio de cotización" de sus acciones en bolsa.
"El hecho de que exista una intención de llegar a acuerdos con carácter general y vehicularlos a través de dos bufetes de abogados debería dotarse de la oportuna transparencia para evitar el mal uso de información privilegiada y el trato discriminatorio a los clientes y, así, evitar cualquier posible manipulación de mercado", sentencia el escrito.
Más concretamente, los inversores buscan que la CNMV investigue estos hechos y abra para ello un expediente administrativo al banco por vulneración de las normas del mercado de valores. Además, piden que el supervisor requiera a Santander una confirmación de las noticias publicadas en relación a estos pactos y, en ese caso, que informe sobre ellos públicamente.
Santander tiene varios frentes abiertos en relación con la causa penal de Popular. Hace unos días, los fondos internacionales Anchorage y Algebris solicitaron a la Audiencia Nacional que investigue con carácter urgente la presunta financiación ilegal de la entidad a empresas mediante sociedades pantalla creadas en Luxemburgo. Los fondos creen que estas compañías "están siendo disueltas y liquidadas", lo que supone "un riesgo de destrucción de documentos relacionados con estos graves hechos", según detalla el escrito, al que ha tuvo acceso Bolsamanía.
