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Más de 12.000 millones de euros. A esta cifra asciende el importe de activos fiscales diferidos (DTA) con los que Santander cuenta en su balance. La mayoría, unos 9.600 millones de euros, corresponde al propio banco, mientras que otros 3.142 millones de euros son de Popular.
El consejero delegado de la entidad que preside Ana Botín, José Antonio Álvarez, ha explicado en el Congreso que los créditos fiscales con los que cuenta Santander superan los 12.000 millones de euros, aunque no ha dado más detalles. Lo ha hecho en el marco de la comisión que investiga la crisis financiera, el programa de asistencia y la quiebra de las cajas de ahorro, que le había llamado en la que ha sido su última sesión.
Precisamente, en este mismo escenario el vicepresidente de Santander Rodrigo Echenique explicó que la entidad tenía pensado solicitar a la Agencia Tributaria 1.000 millones de euros por los créditos fiscales que corresponden a Popular por las pérdidas que registró en el ejercicio 2017. El directivo no detalló si pedirán para que le sea entregada la cantidad bien en efectivo o bien a través de una reducción de sus obligaciones fiscales a lo largo de los siguientes ejercicios.
Durante su comparecencia, el consejero delegado de Santander ha defendido que los bancos pagan impuestos, aunque a la vez se puedan beneficiar de sus derechos por DTA generados en los años en los que registraron pérdidas. "Esto se irá normalizando", ha sostenido.
CONTENTOS EN BRASIL
Por otra parte, Álvarez ha transmitido que en la entidad están "contentos" con su negocio en Brasil, donde son el segundo banco más rentable. El banco cuenta con provisiones por lo que pueda pasar allí, vistos los problemas que están surgiendo en otros países emergentes. No obstante, Álvarez ha matizado que las depreciaciones afectan a aquellos "cuyos fundamentales son débiles".
El segundo ejecutivo de Santander ha explicado que la naturaleza de los préstamos en Brasil es diferente que en España. Mientras que aquí un préstamo al consumo tiene una duración de tres a cinco años, allí puede ser de la mitad o un tercio. Por ello, el coste del riesgo provisionado es de "doce o catorce veces" superior al de España.
