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Santander aprovechará la clausura de oficinas que tiene previsto acometer este año con el objetivo de eliminar las duplicidades que le genera la absorción de Popular para echar el cierre a 200 oficinas localizadas en municipios donde no existen redundancias. El negocio en estas poblaciones no desaparecerá, pues se traspasará a agentes externos pero, según critican los sindicatos, el servicio perderá calidad al estar externalizado.
La entidad tiene previsto cerrar 1.150 sucursales, lo que supone el 26% de su red en España teniendo en cuenta las oficinas de ambas marcas, que estarán integradas completamente en julio. De su negocio de banca comercial (las oficinas de Empresas no se verán afectadas), 200 sucursales serán clausuradas, pero sin que los servicios que ofrecen desaparezcan del todo.
Su negocio será traspasado a una red de agentes, que son colaboradores externos (corredores de seguros, por ejemplo) con los que la entidad llega a acuerdos para ofrecer el servicio a cambio de una comisión. Algunos servicios se traspasarán a nuevos agentes, mientras que otros recalarán en colaboradores actuales del banco.
Estas 200 oficinas no serán las primeras que se traspasan a colaboradores de fuera, pues en la actualidad Santander cuenta con 740 agentes externos, pero los sindicatos temen que esta circunstancia acelere el proceso de externalización del servicio que ofrecen oficinas que no son lo suficientemente rentables para Santander.
Se trata de oficinas que funcionan de lunes a viernes con uno o dos empleados que no tienen por qué ser despedidos, dado que es posible que sean recolocados en otras sucursales. Estas sucursales ya están empezando a cerrarse, de acuerdo con los sindicatos, pero sus trabajadores están siendo integrados en otras oficinas.
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En todo caso, en opinión de los representantes de los trabajadores, externalizar el servicio bancario termina derivando en una “devaluación” del mismo.
Además, el cierre de algunas de las oficinas que están en pequeños municipios y que se traspasarán a agentes supondrá dejar a algunos pueblos sin oficina bancaria, lo cual, según los sindicatos, supone un fomento de la exclusión financiera.
Esta intención del banco, critican, choca con la de CaixaBank. La entidad de origen catalán decidió cerrar unas 800 oficinas en el marco de su plan estratégico, pero sin retirar sucursales de su red rural y ahorrando costes al suprimir la figura del subdirector de estas entidades. El banco aplicará un ERE para más de 2.000 empleados.
El resto, unas 929 oficinas, son las sucursales duplicadas que Santander considera necesario cerrar para evitar redundancias. No obstante, el banco aún no ha comunicado a los sindicatos la ubicación exacta de los locales que se cerrarán.
ADIÓS A LA BANCA PRIVADA DE POPULAR
El resto de las oficinas que el banco se plantea cerrar, que ascienden a 21, corresponden a la banca privada de Popular, negocio que desaparecerá para integrarse completamente en la marca Santander. Solamente quedarán en funcionamiento algunas oficinas de la banca privada de Popular, que servirán para reforzar la presencia de la entidad matriz en localidades donde estaba más ausente.
El cierre de estas 1.150 oficinas conllevará el despido de 3.713 trabajadores, el 11% de la plantilla de Santander España, tanto de la red de oficinas como de los servicios centrales que dan soporte a las sucursales.
