No solo no recibieron dinero, sino que encima lo pusieron de su bolsillo. Santander, Sabadell, CaixaBank y BBVA han defendido esta premisa durante los últimos tres días en el Congreso, donde sus consejeros delegados han comparecido llamados por la comisión que investiga la crisis financiera, el programa de asistencia y la quiebra de las cajas de ahorro. De hecho, se han exculpado alegando que ha contribuido con 14.198 millones de euros para el rescate de las cajas de ahorro quebradas.
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Esta cifra, resultante de los datos aportados por los propios ejecutivos de los bancos, refleja, principalmente, las aportaciones efectuadas al Fondo de Garantía de Depósitos (FGD) y al Fondo Único de Resolución (FUR), pero también otras contribuciones realizadas entre 2007 y 2017 por estas entidades.
El consejero delegado de Sabadell, Jaime Guardiola, fue el primero que puso cifras a esta contribución. En su comparecencia ante la comisión defendió que la entidad aportó 1.147 millones de euros entre 2007 y 2017. De esta cantidad, 894 millones corresponden al FGD, 141 millones al FUR y 120 millones por la tasa que deben abonar los bancos por los activos fiscales diferidos (DTA). A estas cifras se suma la de 321 millones de euros de saneamiento a la contribución a la Sareb.
Preguntado por los diputados por el impuesto a la banca durante la sesión de la comisión, idea ya aparcada por el Gobierno, Guardiola puso sobre la mesa que “la banca ya paga muchos impuestos” y tiene una tasa impositiva “muy elevada”. En consecuencia, la rentabilidad de la banca, “un elemento necesario para crecer”, se vería afectada si se aumentara la fiscalidad, en su opinión.
En cuanto a la tasa Tobin, la nueva propuesta del Ejecutivo, Guardiola opina que “los movimientos de capitales son libres” en Europa, por lo que un impuesto a las transacciones financieras supondría una “disrupción” en el mercado y llevaría al sector español a perder competitividad frente a otros países.
CAIXABANK Y BBVA PUSIERON 6.400 MILLONES
Gonzalo Gortázar, el primer ejecutivo de CaixaBank, cifró en 4.300 millones de euros la contribución de la entidad a la resolución de la crisis a través del FGD y el FUR. El directivo rechazó que sea justo establecer un impuesto a la banca basándose en el pasado o en el futuro, pues las entidades han contribuido también a evitar futuras crisis al tener nuevos requerimientos de capital.
En su opinión, un impuesto a la banca no sería “justo” y otro a las transacciones financieras haría al capital marcharse en busca de otros mercados. Además, no le parece buen momento para hacerlo. “Con una perspectiva de rentabilidad todavía endeble, no me parece oportuno penalizar a la banca”, añadió.
BBVA, representado por Carlos Torres en el Congreso, aportó 2.151 millones de euros mediante contribuciones al FGD y al FUR. A esta cifra hay que sumar los 500 millones de euros con los que la entidad compensó a los clientes de Unnim que tenían preferentes.
En cuanto a las propuestas del Gobierno para aumentar la fiscalidad de las entidades, Torres apuntó que estas decisiones deberían tomarse siguiendo criterios de eficiencia y, en todo caso, no deberían penalizar el crecimiento. Una tasa Tobin, en su opinión, implicaría una desventaja competitiva para las entidades españolas, pues podría generar movimientos de transacciones hacia otras jurisdicciones en las que no exista este impuesto.
SANTANDER APORTÓ 6.000 MILLONES
El consejero delegado de Santander, José Antonio Álvarez, también proporcionó en el Congreso el dato de la aportación del banco al rescate de las cajas de ahorro. En su caso fueron más de 6.100 millones de euros. El directivo matizó que esta cantidad incluye su participación en el FGD que se utilizó para rescatar a la CAM, que fue adquirida por Sabadell, y las aportaciones posteriores, así como la inversión en la Sareb.
Álvarez pidió cautela a la hora de adoptar “cambios relevantes en la fiscalidad” y apuntó que “estigmatizar a la banca no ayuda a generar un buen ambiente de inversión” y puede hacer perder competitividad y oportunidades de crecimiento, pues el país compite “en la atracción de inversión” con países con una fiscalidad más favorable.
