Sánchez plantea a la banca pagar un 20% de Sociedades y no gravar los depósitos

Los activos fiscales diferidos fueron la respuesta del Gobierno a la situación de desagravio en la que dejaban a la banca las ingentes provisiones -que no eran deducibles fiscalmente- que los conocidos como decretos Guindos les obligaron a hacer en el marco de la reestructuración del sector tras la crisis financiera. Estos créditos fiscales les permiten deducirse tres tipos de gastos: las provisiones, las aportaciones a planes de pensiones de empleados y las pérdidas de ejercicios anteriores (por ejemplo, Santander, al absorber Popular, reclamó a Hacienda unos 1.000 millones de euros por las altísimas pérdidas en 2017 del banco absorbido).

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El Gobierno decidió hace unos seis años permitir a las entidades financieras que se aplicaran estos créditos fiscales en ejercicios posteriores para poder reducir su factura fiscal, y les garantizó su recuperación íntegra aunque en el futuro no tengan beneficio suficiente para compensarlos. Eso les permite computar los DTA como capital. A cambio de este derecho, deben pagar una tasa anual del 1,5% del importe de sus DTA.

Ahora el Ejecutivo liderado por Pedro Sánchez está planteando a las entidades reducir la deducción para estos activos fiscales diferidos, lo que elevaría automáticamente la factura fiscal de la banca, uno de los objetivos que ha perseguido desde su aterrizaje en Moncloa y que dejaba caer en su último programa electoral (“La reforma de la fiscalidad permitirá superar en España la anomalía de la escasa tributación de las grandes corporaciones, así como del sector financiero y de las grandes empresas tecnológicas”, prometía el partido).

Desde el Ejecutivo siempre han hablado de conseguir una recaudación de entre 800 y 1.000 millones de euros a través de un impuesto a la banca, aunque entre los vaivenes electorales y el rechazo a los Presupuestos de este año, solamente llegó a concretar el Impuesto a las Transacciones Financieras o tasa Tobin, que también quedó pendiente al no aprobarse los Presupuestos Generales del Estado.

RENUNCIA A GRAVAR LOS DEPÓSITOS

A cambio de eliminar la deducción de los DTA, el Gobierno renunciaría a su idea inicial de aumentar el gravamen a los depósitos (actualmente fijado en el 0,03% del pasivo) dejando exentos los primeros 20.000 millones de euros, una iniciativa que también presentó a las entidades a su llegada a la Moncloa.

Subir la factura fiscal de la banca se ha convertido en una cuestión de imagen tanto para el PSOE como para Unidas Podemos, que ha hecho de sus amenazas a la banca una bandera. Es por ello que, según las mismas fuentes, el Ejecutivo ya no estaría dispuesto a gravar los depósitos, pues esta medida podría dar la excusa perfecta a las entidades para trasladar el coste del impuesto directamente a las familias y echar la culpa al Gobierno por tener que cobrarles por sus depósitos cuando realmente la situación actual de los tipos de interés negativos en la zona euro les aboca a comenzar a hacerlo.

IMPUESTO A LAS GRANDES FORTUNAS

Las mismas fuentes explican también que en el sector está asentada la idea de que el Gobierno que conforme el PSOE con Unidas Podemos buscará la forma de gravar las grandes fortunas por cualquier vía. Tanto estos dos partidos como Más País, el tercero en discordia con cuyo apoyo Sánchez contará, previsiblemente, para formar Gobierno, han anunciado durante la campaña su predisposición a armonizar al alza los Impuestos de Sucesiones y Patrimonio, lo que perjudica, principalmente, a las grandes fortunas del país.

Lo que está claro es que la banca está en el centro de la diana fiscal de PSOE y Unidas Podemos, especialmente de estos últimos, que buscan, según proclaman, que la banca devuelva el rescate financiero a la ciudadanía. En la diana está fundamentalmente Bankia, a la que quieren convertir en banca pública previa salida de su presidente, José Ignacio Goirigolzarri. Eso si el PSOE no termina cediendo a las pretensiones del PNV de fusionarla con BBVA para recabar su apoyo. Una hilera de incertidumbres para el sector cuya resolución pasa, por el momento, por llegar a formar ese Gobierno. La tarea no es nada fácil.