Room Mate ha presentado ese viernes ante el Decanato de los Juzgados de lo Mercantil de Madrid la solicitud de concurso de acreedores voluntario con venta de unidad productiva, acompañada de una oferta vinculante por parte de un inversor que plantea la continuidad del negocio y el mantenimiento de los puestos de trabajo.
La cadena hotelera de Kike Sarasola ha informado de que todo ello está sujeto al análisis del administrador concursal y a la aprobación del juez. Además, ha apuntado que el concurso afecta exclusivamente a la empresa Room Mate y no al resto de sociedades del grupo.
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La compañía ha afirmado que este procedimiento tiene el objetivo de garantizar la viabilidad y continuidad de su actividad empresarial, el servicio a sus clientes y el futuro de sus trabajadores y proveedores.
De esta manera, busca acogerse a las nuevas vías que ofrece la última reforma de la ley concursal para afrontar con mayores garantías y en las mejores condiciones la venta de su unidad productiva.
Room Mate ha señalado que se ha visto "fuertemente golpeada por la grave pandemia y por los litigios judiciales que mantiene la accionista Sandra Ortega con los bancos financiadores de Room Mate".
El pasado mes de mayo, la empresaria Sandra Ortega, hija de Amancio Ortega y Rosalía Mera, anunció que desahuciaría al grupo hotelero español Room Mate de sendos hoteles en Nueva York y Miami al exigir el 100% del pago del alquiler de los inmuebles. La cadena hotelera acusa a la empresaria de "extrema rigidez" en las negociaciones.
Desde la compañía han subrayado que están en proceso de regularizar el pago con la mayoría de sus proveedores y en el camino para su recuperación, pero que el proceso concursal es la fórmula más adecuada para su viabilidad futura.
Room Mate se ha comprometido a contribuir con todo lo necesario para facilitar el desarrollo del procedimiento. Durante el tiempo que dure el proceso concursal, la actividad de la cadena hotelera continuará desarrollándose.
MÁS DE 2.000 CONCURSOS EN LO QUE VA DE 2022
El próximo 30 de junio finaliza la prórroga extraordinaria de la moratoria que ha permitido, desde el inicio de la pandemia, que los juzgados no admitan a trámite las solicitudes de concurso necesario instadas por terceros, al tiempo que ha dispensado temporalmente de la obligación de solicitar declaración de concurso de acreedores a aquellas empresas que se encontrasen en situación de insolvencia.
A pesar de la moratoria impulsada por la pandemia, durante los cinco primeros meses de 2022 se registraron en toda España 2.429 nuevos procedimientos concursales (-3,19% respecto al mismo periodo de 2021), y más de 33.000 empresas echaron el cierre. En este escenario, al que se suma la elevada inflación e inestabilidad geopolítica, la evaluación del riesgo empresarial cobra un papel relevante para anticiparse a posibles impagos que arrastren a la desaparición de las empresas que los sufran.
“La crisis económica provocada por el coronavirus, una política monetaria expansiva (que conlleva un importante aumento de la deuda y el déficit), así como los efectos negativos que podrían derivarse de la incertidumbre y el contexto inflacionista actual en el que nos encontramos, motivado en gran medida por el incremento de los costes energéticos, las previsibles subidas de tipo de interés que pueden enfriar la inversión y creación de empleo, sin olvidar las consecuencias económicas derivadas del conflicto internacional en el que desgraciadamente estamos inmersos, son algunas de las causas directas del aumento de la tasa de impagos y morosidad en España para empresas y particulares”, explica Dionisio Torre Ramos, Comercial Strategic Director de Experian.
